La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras por un delito de rebelión, el doble de pena que solicita la Abogacía del Estado, que reduce a 12 años de cárcel su petición al acusarle de sedición.
Tras la presentación de los escritos de calificaciones provisionales, entregados hoy en el alto tribunal, han surgido las primeras fisuras entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, puesto que han tomado caminos diferenciados en la tipificación de los hechos. La primera acusa de rebelión, y la segunda de sedición.
La pena más alta en ambos escritos es para Junqueras. El Ministerio Público reclama una condena de 25 años de prisión y otros 25 años de inhabilitación absoluta por considerarle el líder de la rebelión, mientras que la Abogacía lo rebaja a la mitad, 12 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, pero solo por sedición agravada por malversación.
Se da la circunstancia de que la Abogacía no aprecia una responsabilidad mayor en Junqueras respecto del resto de exconsellers que se encuentran en prisión, a los que otorga un estatus de “autoridad” al haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno” catalán.
Precisamente, a estos cinco exmiembros del Govern, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, la Fiscalía solicita 16 años por rebelión y otros 16 años de inhabilitación absoluta, pero no les considera jefes ni promotores de la rebelión. La Abogacía reclama para este grupo 11,5 años de prisión.
A quienes, en cambio, la Fiscalía sí califica de jefes son al exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes pide 17 años de cárcel solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta.
Una consideración muy distante de la planteada por la Abogacía del Estado, que, aunque considera que los Jordis fueron responsables de un delito de sedición, no les atribuye el estatus de autoridad que sí tenían los entonces miembros del Govern ahora encarcelados, y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.
Donde coinciden ambas acusaciones es en el papel de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La Fiscalía la ve como jefe o promotora de la rebelión, y la Abogacía como autoridad.
Pero las diferencias en las penas son considerables. El Ministerio Público pide 17 años de rebelión y otros tantos de inhabilitación absoluta, y los segundos 10 años de prisión y de inhabilitación por sedición.
Respecto a los otros tres exconsellers, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, el Ministerio Público y la Abogacía sí coinciden y piden 7 años de prisión y multa de 30.000 euros por un delito de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública. La única diferencia está en los años de inhabilitación, 17 y 10, respectivamente.
Cierra el grupo de acusados los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas “leyes de desconexión” -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, a los que ambas partes les acusan de desobediencia.
Y solicitan ambas 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, salvo para Nuet y Boya, para quienes la Abogacía reduce su petición a 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación.
