El Tribunal Supremo ha confirmado el cierre de la investigación del 1-O dictado por el juez Pablo Llarena y ha abierto juicio contra los 18 procesados por la causa del “procés”, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, nueve exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
En dos autos, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza por unanimidad las casi 300 alegaciones y peticiones de práctica de nueva prueba planteadas por las defensas contra el cierre de la instrucción que acordó Llarena en julio, y deja todas ellas para la vista oral con la finalidad de evitar dilaciones indebidas.
Se abre así la fase de juicio oral, por lo que la Sala da traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox para que en un plazo de cinco días formulen sus escritos de acusación.
Además de Junqueras y Forcadell, la Sala envía a juicio a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila; y a los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Junto a ellos se sentarán en el banquillo los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet, además de la exportavoz de la CUP en el Parlament Mireia Boya.
La Sala confirma también el sobreseimiento libre de la causa para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y para la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
Y acuerda que los jueces Ana María García Ferrer y Andrés Palomo se sumen a partir de la fase oral al tribunal que enjuiciará el 1-O junto al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral, de forma que serán siete los magistrados que juzgarán los hechos.
Fuentes jurídicas señalan que el juicio comenzará previsiblemente en enero, si bien todo dependerá de los artículos de previo pronunciamiento que se planteen antes de que arranque la vista oral.
Todo apunta a que las defensas harán uso de estas cuestiones previas para, entre otros asuntos, proponer que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el encargado de enjuiciar los hechos y no el Supremo, al considerar que no es el órgano jurisdiccional competente, como así vienen manifestando a lo largo de todo el procedimiento.
En tal caso, todas las cuestiones previas deberán ser presentadas antes de que las defensas eleven sus escritos de calificación y la Sala tendrá que fijar una vista para debatirlas, con el horizonte de resolverlas antes de Navidad.
