Perder el crédito a costa de las hipotecas parece un sarcasmo, pero de eso hablamos cuando nos referimos al escándalo que se ha organizado en torno a la última sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales en los créditos hipotecarios hecha pública la semana pasada. Estamos ante una torpeza de dimensiones imprevisibles y que afecta, como decíamos, al ya deteriorado crédito del Tribunal Supremo.
Desde el momento en que el presidente de la Sala III admite a trámite el recurso que presenta la población de Rivas Vaciamadrid, debe ser consciente de la trascendencia de su decisión. Hablamos, en este momento, de la importancia únicamente de la admisión a trámite, cuando en febrero, el alto tribunal falló contra los clientes en la controversia sobre el impuesto de las hipotecas. No revisaremos aquí la competencia del Tribunal Supremo en torno a los recursos que ve, sólo decir que el habitual, la casación, se ha convertido en una alzada compleja y que el interés casacional es un filtro en ocasiones impenetrable. El hecho de aceptar a trámite el recurso implica interés casacional y por tanto, al menos, un debate jurídico importante que podría derivar en una sentencia incluso contraria a las ya dictadas.
Si la admisión a trámite es importante, cómo lo será la posibilidad de una sentencia en este ámbito que revierta la jurisprudencia que hasta ahora ha fijado el Supremo en torno a las hipotecas. Por tanto, primero, cómo no se pronuncia sobre la retroactividad y en segundo lugar, cómo convoca al plenario del Supremo una vez dictada la sentencia y no antes. Cómo se le ocurre al señor Diez-Picazo apelar a su repercusión para suspender la sentencia. Desde cuándo los jueces hacen su trabajo, no desde la técnica jurídica, sino en función de la repercusión social o económica de una sentencia. En qué lugar queda la independencia de los jueces. En qué lugar queda el crédito del Tribunal Supremo, ya sensiblemente deteriorado como consecuencia de que diversas cortes europeas le han enmendado la plana en relación al los procesos judiciales contra el independentismo catalán.
La imagen de la judicatura está tocada, la ciudadanía está desconcertada y habrá que ver cómo se reconduce un problema que se resuelva como se resuelva dejará en mal lugar al sistema judicial español. No pinta nada bien esa reunión del día 5 de noviembre.