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El decreto energético no corrige el agravio a las pymes catalanas

Organizaciones empresariales catalanas, entre ellas la patronal egarense Cecot, mostraron ayer una "satisfacción parcial" ante la aprobación final del Real Decreto Ley (RDL) 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética, según manifestaron en un comunicado. Se trata de las entidades Cecot, Aepcro-Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta, Consell d’Empreses de Distribució i Autoservei de Catalunya (Cedac), la Confederació Catalana de la Fusta, Centre Metal·lúrgic, Federació Empresarial del Metall (Fem), Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, el Institut Industrial Tèxtil, RetailCat-Unió d’Empreses del Retail y Unió Empresarial Metal·lúrgic.

Estas entidades valoraron el texto como positivo en su conjunto, ya que abre nuevas vías de generación eléctrica renovable que favorecen el autoconsumo y liberaliza la recarga de vehículos eléctricos, aunque matizaron que hay una desventaja competitiva a 4.450 compañías españolas, 3.277 situadas en Catalunya, por un sobrecoste de 300 millones de euros anuales por un cambio en la tarifa "sin criterio técnico". La petición de los empresarios es incluir la tarifa 6.2 con nivel de tensión de peaje a partir de 25 kilovatios y no solamente la 6.1b (consumidores conectados entre 30 y 36 kilovatios).

En el comunicado, recordaron las manifestaciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la sesión de debate el pasado jueves reconociendo "el agravio existente" con esta modificación, y manifestando la voluntad del Ejecutivo español de devolver las competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la autoridad competente para realizar estos cambios y que quitó el anterior equipo de gobierno y que se llevó el caso ante el Tribunal Supremo. "Lo más grave de esto es que este criterio tarifario lo decidió el Gobierno anterior, sin ninguna base técnica para justificarlo y habiendo sacado las competencias a la CNMC quien interpuso una denuncia contra el Gobierno español ante el Tribunal Supremo por vulneración de competencias en la fijación de los precios de peaje a finales de 2017 ", alegan las organizaciones empresariales. Las organizaciones pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, devolver las competencias en la fijación de los precios de peaje a la CNMC y ahora han extendido esta demanda a todos los diputados catalanes del Congreso para que voten en contra de la RDL.

Gran número
Las asociaciones empresariales representan los intereses de más de 50.000 empresas, de las que quinientas son industrias usuarias de los servicios de electricidad afectados por la medida que impugna la misma denuncia (sectores textil, metal, químico, madera y distribución). En estas empresas el consumo energético y, especialmente el de electricidad, tiene una importancia estratégica ya que supone una parte relevante de los costes industriales y por tanto de los gastos de explotación. Desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas tienen que soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica. Esta es una discriminación que el sector empresarial ya ha denunciado reiteradamente sin que se haya implementado ninguna medida correctora por parte de los diferentes Gobiernos; es más, no "sólo no se ha procurado corregir esta desigualdad sino que ahora la nueva reforma, lejos de igualar las condiciones en que las empresas deben competir, agrava aún más esta desigualdad existente". Según la citada nota de prensa, las organizaciones empresariales que realizan esta denuncian remarcan el hecho de que en los presupuestos del Estado para 2018, aprobados por el Congreso y pendientes de ratificar por Senado, está prevista una partida que las entidades sospechan que está destinada a compensar la reducción de ingresos que supondrá la medida de reducir el coste del peaje 6.1.b. A criterio de los demandantes, este hecho evidencia la "ayuda de Estado".

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