El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, sostiene que la aprobación, el pasado 5 de octubre, del Real- Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores deja en desventaja a numerosas empresas, especialmente en Catalunya. “En conjunto es un Real-Decreto positivo, abre nuevas vías de generación eléctrica renovable, incluye medidas para favorecer el autoconsumo y también liberaliza la recarga de vehículos eléctricos”, afirmai Abad en un comunicado. “Sin embargo el redactado propone un nuevo cambio de tarifas de alta tensión que, sin ningún tipo de criterio técnico, deja en desventaja competitiva 4.450 empresas en España, 3.277 de ellas ubicadas en Catalunya y el resto entre Aragón, Extremadura y alguna otra comunidad autónoma”.
Diferentes organizaciones empresariales catalanas piden a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y a los diputados catalanes con representación parlamentaria que se corrija la aplicación del cambio de tarifa eléctrica durante el trámite parlamentario antes de efectuarse la votación, con mucha probabilidad a finales de la próxima semana. Las organizaciones recuerdan que el cambio de tarifas de alta tensión que convierte la 6.1b (consumidores conectados entre 30 y 36KV) en Tarifa 6.2 supone un sobrecoste de 300 millones de euros anuales a estas 3.277 empresas catalanas que están conectadas a 25 KV.
Nivel de tensión
El cambio que demandan las organizaciones empresariales es “sencillo”, dice Cecot. Se trata de incluir en la tarifa 6.2 las empresas con nivel de tensión de peaje a partir de 25kV. La reivindicación de las organizaciones empresariales viene de lejos y tiene como base la Plataforma Wv25 / 30 que cifró, en el año 2016, en 5.800 las empresas que estaban sometidas a las tarifas 6.1A y 6.1b. El cambio a la tarifa más reducida 6.2 beneficiará tan solo a unas 1.200 empresas que obtienen una ventaja económica consistente en la reducción del coste del suministro eléctrico. Si se parte de los precios de electricidad registrados en 2016, las empresas beneficiadas reducirían aún más el coste del MWh en un 43%. Según informaciones proporcionadas por diferentes medios de comunicación, la medida puede suponer un ahorro económico de 50 millones de euros anuales a estas empresas conectadas entre 30 y 36KV y que pasarán a tarifa 6.2.”Lo más grave de esto es que este criterio tarifario lo decidió el Gobierno anterior, sin ninguna base técnica para justificarlo y habiendo sacado las competencias a la CNMC quien interpuso una denuncia contra el Gobierno español ante el Tribunal Supremo por vulneración de competencias en la fijación de los precios de peaje a finales de 2017 “, alegan las organizaciones empresariales. Por todo ello, las entidades ya pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que devolviera las competencias en la fijación del precios de peaje en la CNMC y que se corrigiera el nivel de potencia de conexión en el cambio de tarifa hacia la 6.2.
