No se les acusa de falsificación, pues no está probada su participación en ningún acto de falsedad. Sí queda acreditado, según el fiscal, que los cuatro procesados poseían útiles para la falsificación de tarjetas de crédito, y eso constituye un delito. Pide para cada uno seis años de prisión y que a uno de los inculpados, de origen marroquí, se le sustituya esa pena por la expulsión de territorio nacional durante un periodo de ocho años.
La Audiencia Provincial de Barcelona, en su sección 21, ha señalado para hoy el juicio a los cuatro sospechosos, acusados por el Ministerio Público de un delito de tenencia de útiles para la falsificación de tarjetas de crédito. El fiscal solicitó en su escrito de acusación la comparecencia de los agentes de la Policía Municipal y de los Mossos d´Esquadra que el 11 de diciembre del 2009 hallaron a los procesados en posesión del material. Eran las 6.30 de la tarde cuando los agentes identificaron a los sospechosos en el barrio de Guadalhorce. Y les decomisaron unos dispositivos.
Dice la Fiscalía que los cuatro imputados llevaban un ordenador portátil, un lector-escritor de tarjetas de banda magnética y nueve tarjetas con banda magnética. Según la acusación pública, los denunciados tenían aquel material “con la intención de imitar tarjetas bancarias”.
Examen pericial
Los útiles electrónicos fueron confiscados y los mossos los analizaron para sustanciar un informe pericial. Según manifiesta el Ministerio Público, en un disco duro se halló un archivo que contenía lecturas de bandas magnéticas de tarjetas. Y en la información borrada de dicho disco se recuperaron datos de tarjetas de crédito obtenidas mediante un dispositivo especial, PRM-600 (TA-32).
En el ordenador había aplicaciones para la lectura y escritura de tarjetas magnéticas que, según el fiscal, “funcionaban correctamente y eran compatibles con un lector-escritor MSR206, que leía y codificaba las tarjetas y que también funcionaba con corrección.
Cada acusado se enfrenta a una petición fiscal de seis años de cárcel, pero el Ministerio Público interesa que el tribunal sustituya esa pena a uno de ellos, que se encontraba en el país de forma irregular, y que se la conmute por la expulsión de España y la prohibición de regresar durante ocho años.
