El equipo de gobierno apuesta el próximo ejercicio por una presión fiscal selectiva que concentra el incremento impositivo en cinco grandes tributos -IAE, tasa de residuos, vados, plusvalía e impuesto de construcciones- y congela un impuesto generalista como el IBI. Con la propuesta, el ejecutivo pretende conseguir más recursos para mantenimiento de la ciudad, limpieza y residuos, así como ocupación, y minimizar el posible impacto sobre las cuentas municipales de la reforma legal que rebajará los coeficientes de la plusvalía y los costes de la sentencia que anula la plusvalía y si no hay ganancias .
El año pasado el ejecutivo municipal no pudo sacar adelante su propuesta de ordenanzas fiscales al no conseguir los apoyos suficientes. La propuesta nueva económica pretende ahora revertir esa situación y garantizar la sostenibilidad del presupuesto municipal. Lo hace, insisten desde el gobierno, manteniendo la presión fiscal en una franja media baja respecto a otros municipios del entorno metropolitano.
Las empresas y el inmobiliario
El proyecto fiscal para el ejercicio 2019 focaliza el incremento de la presión fiscal en los sectores económicos que muestran un mejor pulso tras la crisis. Así, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el que abonan las empresas que facturan por encima del millón de euros, aumentaría un 5% y reportaría unos ingresos adicionales de 300 mil euros. En este tributo, en 2019 se actualizará el cálculo de las categorías de calles de acuerdo con la nueva metodología aprobada en 2017, incorporando la nueva ponencia de valores catastrales que entró en vigor el pasado 1 de enero.
La construcción da síntomas de reactivación y el gobierno el gobierno quiere que el sector inmobiliario vuelva a contribuir en mayor medida a la economía de la ciudad. Al inicio de la crisis se rebajó el tipo fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras al 3,57 por ciento del importe de la obra. La propuesta pasa por volver al tipo original del 4 por ciento de la obra, lo que supondría unos ingresos extras de 500 mil euros.
Para ello, el gobierno cuenta con la mejora de la actividad inmobiliaria en la ciudad, que se acerca a los niveles de 2008. Las licencias de obras aumentan a un ritmo de entre el 15 y el 20 por ciento y las transmisiones, aunque se mantienen en cifras discretas, se cierran por importes más elevados.
En 2019 el incremento de ingresos fiscales más importante vendría de la plusvalía, que el gobierno propone que pase del tipo impositivo del 28,7 actual al 30 por ciento. Con la medida se pretende aportar recursos a las cuentas municipales y atenuar el impacto de la inminente modificación legal, que apunta una rebaja en los coeficientes.
La tasa de residuos es el único tributo generalista que propone encarecer el gobierno, aunque lo hace tras una crisis del servicio municipal y un pleno de reprobación. El ejecutivo quiere incrementar el precio para los domicilios en un 6 por ciento y para el comercio en un 3%.
De salir adelante, la medida reportaría unos ingresos extras de 633.000 euros, el equivalente al canon autonómico sobre los residuos que la ciudad abona en dos anualidades. Actualmente, la sanción de la Generalitat por la basura que no se separa en casa asciende a 250 mil euros anuales.
“La tasa se congeló en 2018”, recuerda el alcalde Alfredo Vega, que justifica el incremento en la necesidad de mayores recursos para la limpieza de la ciudad y los residuos.
“En este momento la tasa de cobertura del servicio está en el 72%”, apunta el alcalde, para quien el encarecimiento del recibo es también “una manera de concienciar a la ciudadanía, con transparencia, informando de los costes reales del servicio”. Vega recuerda que el importe medio de la tasa de residuos está en unos 100 euros anuales por domicilio, “inferior a muchos municipios del entorno metropolitano”.
La tasa de vados sufrirá un incremento significativo el próximo ejercicio si prospera finalmente la propuesta del gobierno de la ciudad. El proyecto de ordenanzas plantea un ajuste en los parámetros de cálculo, añadiendo a los actuales -amplitud de acceso y número de vehículos- componentes nuevos, entre ellos la anchura de la acera y la categoría de la calle.
Los servicios económicos calculan en estos momentos la repercusión real de la subida en la tasa, con la que se espera recaudar 600 mil euros más. El año pasado, una subida del 8 por ciento comportaba un ingreso de 250 mil euros. La medida no se aplicó, pero todo indica que si la estimación de ingresos de 2018 dobla con creces la actual, el incremento fiscal deberá ser también muy superior.
El IBI se congela, pero puede subir
El IBI se congelaría. La propuesta tributaria no propone aplicar incrementos de tipos. Sin embargo, los contribuyentes pueden ver aumentar el recibo fruto de la revisión catastral.
El equipo de gobierno propone eliminar los topes aplicados hasta ahora para atenuar el impacto de la revisión catastral durante los primeros años. La administración cree que demorar ese impacto puede provocar que acabe siendo mayor una vez se supriman las medidas correctivas. A partir de 2019, por lo tanto, el recibo del IBI reflejará la revisión catastral, de manera que si el inmueble se ha devaluado, el importe del IBI bajará, y si ha aumentado su valor catastral, el impuesto será más caro.
En el ámbito de las tasas y precios públicos, la que se abona por la utilización de los huertos urbanos aumentaría un 5 por ciento cada año para ir acercándose al coste de las instalaciones. También se propone gravar con una nueva tasa la inmovilización de vehículos, y equiparar las bases de cálculo que se aplican en la Festa Major al aprovechamiento del suelo, también en los barrios. La anulación de la denuncia cuando se ha excedido el tiempo de la zona azul pasará de los 6 euros actuales a 7 euros.
