El conseller catalán de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ha presentado hoy una queja ante la Defensora del Pueblo de la Unión Europea para denunciar el supuesto bloqueo de páginas web en los días previos y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En la carta, entregada esta mañana por Puigneró en la sede de la mediadora europea en Bruselas, el Gobierno catalán denuncia la “represión digital y censura ilegales por parte del Gobierno de España” de cara al referéndum.
Apuntan que se produjo el “bloqueo y censura no solo de páginas web oficiales del referéndum, sino también de otras páginas relacionadas con la causa independentista” tuviesen relación o no con la consulta y afirman que esto vulnera tanto directivas europeas como normas internacionales de derechos humanos.
Puigneró ha explicado que la presentación de una queja ante la Defensora del Pueblo llega después de que el vicepresidente de la Comisión Europea de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, no haya respondido a la misiva que le envió en septiembre de 2017 -cuando ejercía como secretario general de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital- para denunciar estos mismos hechos.
“Pedimos a la UE que se posicione sobre unos hechos muy graves”, dijo en declaraciones a la prensa el conseller, quien ha confiado en que la carta “tenga efecto” y permita que haya “un posicionamiento formal sobre lo que ha significado la represión digital en nuestro país”.
Por otra parte, Puigneró se reunirá hoy también con un grupo de eurodiputados para explicarles “más detalles de lo ocurrido antes y durante el referéndum” y qué normativas europeas consideran que se violaron.
El objetivo, ha dicho, es que los eurodiputados introduzcan también una pregunta parlamentaria dirigida a Ansip para que, junto con la Defensora del Pueblo, “obliguen” a la Comisión Europea a posicionarse.
“La represión digital es inadmisible en Europa en el siglo XXI y por tanto no se puede repetir en un país de la UE”, ha insistido.
El Gobierno catalán considera que el cierre de páginas web y aplicaciones en las fechas en torno al referéndum viola artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la convención Europea de Derechos Humanos, así como partes de las normas comunitarias relativas al acceso a internet y al marco regulador de las comunicaciones electrónicas.
En las semanas previas al referéndum ilegal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la Guardia Civil el cierre de varias webs sobre el 1-O, como la que permitía participar a voluntarios o la que publicaba los puntos de votación del 1 de octubre.
La medida afectó también a la web garanties.cat, donde se publicó inicialmente el contenido de la ley del referéndum.
