El acuerdo pretende que la escalada judicial que ha acompañado el proceso para la municipalización de la gestión del agua en la ciudad remita y la relación entre los dos actores, que parecen dispuestos a mantener un marco de colaboración en el futuro, discurra por los cauces del diálogo.
El pacto que ahora se dibuja debe despejar la duda de hasta dónde está dispuesta a llegar Mina en ese gesto de "buscar mejores soluciones" para las "cuestiones jurídicas pendientes".
En este momento hay tres contenciosos contra la municipalización en los tribunales, presentados por Mina, AGBAR, los accionistas de Mina y Aigües de Matadepera, empresa del grupo. Uno relacionado con la titularidad de los bienes que deben revertir al Ayuntamiento en el momento del traspaso, otro contra el expediente de cambio de modelo y un tercero a raíz de la creación de la empresa pública Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL. Este último es el que ha generado más expectativas de retirada tras la voluntad de Mina de sellar un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento.
Dejar de lado los litigios
El pasado sábado, el director general de Mina Josep Lluís Armenter ponía en valor el gesto de la compañía de "dejar de banda todos los litigios abiertos" y anunciaba que, si hay sentencia favorable a la empresa sobre la reversión de bienes, "no la ejecutaremos durante el plazo del acuerdo", aún por cerrar. Conviene tener en cuenta que las sentencias de todos los pleitos serán recurridas por las partes, de manera que los procesos se enfrentan a años de tramitación.
De momento, las últimas decisiones municipales no han tenido contestación en forma de recurso o por la via judicial, lo que apuntaría una primera muestra de distensión. Es el caso de la aprobación de los estatutos de la EPEL o la creación del Observatori de l’Aigua y la aprobación de su reglamento.
Al margen de la judicialización, el proceso del agua se ha visto sometido a varias iniciativas de fiscalización. El Tribunal Especial de Contractes solicitó información al Ayuntamiento sobre la EPEL, a raíz de un recurso de Mina pidiendo su paralización. Finalmente no prosperó. En marzo, el entonces delegado del Gobierno Enric Millo solicitó el expediente de cambio de modelo de gestión, pero el gesto no ha tenido traducción legal hasta el momento.
Mas recientemente, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat pedía informes sobre el cambio de modelo ante la posibilidad de que el Ayuntamiento hubiera incurrido en monopolio. La administración local ha argumentado que es la histórica titular del servicio y que en algunos tramos de la ciudad operan otras empresas.
