La situación era insostenible, como denunciaban muchos operadores jurídicos: esperas, dilaciones. Seguramente la creación de un nuevo juzgado de familia en Terrassa no resolverá retrasos y sobrecargas, pero administraciones y profesionales confían en que la puesta en marcha, ayer, del juzgado de primera instancia número 9 mitigue una de las carencias estructurales de la Justicia en la demarcación.
El Departament de Justícia de la Generalitat confirmó ayer el comienzo de actividad de la nueva oficina, instalada en la segunda planta del Palacio de Justícia de la Rambleta del Pare Alegre y llamada a paliar la saturación de asuntos en el ámbito jurisdiccional de familia: los litigios de divorcios, por ejemplo. El Departament de Justícia recordó ayer que el juzgado de primera instancia número 9 ha sido "largamente reivindicado" ante el Ministerio de Justicia, organismo que tiene la competencia exclusiva para la creación de nuevas oficinas judiciales y para la adjudicación de plazas de juez.
Con el juzgado de primera instancia número 9, Terrassa cuenta con diecinueve juzgados: los nueve de primera instancia (la mayoría civiles), cuatro de instrucción, dos de lo social (para asuntos laborales y de la Seguridad Social), tres penales y uno de violencia familiar.
Ayer se estrenaron otros dos órganos de primera instancia en otras demarcaciones: uno en Reus y otro en Mataró. Para finales de diciembre se prevé la entrada en funcionamiento de otros dos: uno en El Vendrell y otro en l’Hospitalet de Llobregat. La Generalitat tiene previsto abrir este año y el próximo catorce juzgados en toda Catalunya.
Déficit
El presupuesto para obras, mobiliario, instalaciones, tecnología de la información y trabajadores es de 7,4 millones de euros. La petición autonómica para su implantación data del 2015. La decisión del Gobierno llegó el año pasado.
El 30 de junio pasado se pusieron en marcha cinco órganos: dos en Barcelona, dos en Granollers y uno en Badalona. Catalunya debería tener setenta juzgados más, según la Generalitat, para acabar con el déficit de jueces que arrastra: tiene diez por cada 100.000 habitantes. En países de nuestro entorno la proporción es de veintiún jueces.
