A tres meses de que la empresa municipal Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL asuma la gestión del abastecimiento del agua en la ciudad, la paciencia del Ayuntamiento toca a su fin. La administración ha decidido recurrir a los tribunales para forzar a la concesionaria Mina a traspasar datos que considera imprescindibles para la prestación del servicio a partir del próximo 10 de diciembre. En julio la empresa respondió con una nueva negativa a la última petición formal del Ayuntamiento, que ha decidido iniciar los trámites para que sea el juez quien autorice de manera expresa la entrega del material. La administración está dispuesta a regresar a las oficinas de la calle de la Societat avalada por una orden judicial y acompañada de policial.
El Ayuntamiento de Terrassa lleva muchos meses reclamando a la concesionaria Mina los datos de los abonados, de la facturación, el registro de lecturas y copia de los programas informáticos relacionados con al gestión del servicio, entre otro material. El gobierno municipal sostiene que, como titular del servicio, la administración local es propietaria de esa información. Argumenta, además, que se trata de material imprescindible para la puesta en marcha del servicio público. La EPEL difícilmente podrá girar los primeros recibos a los abonados a partir de diciembre si no ha procesado previamente los datos con información real.
A medida que los necesita
Mina insiste en que facilita "los datos al Ayuntamiento a medida que los necesita" y sigue acogiéndose a la Ley de Protección de Datos para reservarse información clave sobre los 25 mil abonados de Terrassa. La compañía insiste en la importancia de "no dar un paso en falso", motivo por el cual "el seguimiento de la legalidad es prioritario. Tenemos en cuenta los términos de los procesos y también el calendario, conscientes de que en diciembre debe entrar en funcionamiento la EPEL", afirman fuentes de la compañía.
El pulso actual entre el Ayuntamiento y Mina por la entrega de datos se libra en un momento especialmente delicado para el proceso de municipalización de la gestión del agua en la ciudad. Se espera que este mes de septiembre la Justicia responda a la petición de medidas cautelares por parte de Mina en el marco de los contenciosos contra el cambio de modelo de gestión.
La concesionaria ha pedido al juez que paralice el proceso de municipalización hasta que no haya sentencia definitiva. Una resolución favorable a Mina congelaría la entrada en servicio de la empresa pública del agua, que podría posponerse incluso años, tantos como se alargue el proceso judicial.
El Ayuntamiento espera una resolución favorable a los intereses de la municipalización, es decir, que los tribunales rechacen las medidas cautelares solicitadas por Mina. Hasta ahora, la Justicia ha respondido siempre con una negativa a los intentos de la empresa concesionaria de paralizar el proceso judicial.
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