La capacidad de previsión se reveló portentosa: tantos años demandando un Palacio de Justicia nuevo para que se quedase desfasado al poco tiempo. El equipamiento de la Rambla d’Ègara, inaugurado en diciembre de 1984 no sin la normal ristra de vicisitudes, empezó a crujir pos sus costuras (en sentido figurado) pocos años después. La actividad judicial no cabía, las nuevas oficinas que se iban creando buscaban acomodo en locales de alquiler fuera de ese espacio…
En fin, que el Palacio de Justicia inaugurado por el ministro socialista Fernando Ledesma en aquella primera legislatura de Felipe González fue jubilado sin llegar a cumplir los veinticinco años de vida. Con lo que costó levantarlo y, sobre todo, ponerlo en marcha. Los terrenos los cedió Caixa Terrassa al Ayuntamiento a cambio de una permuta: la entidad financiera podría construir a cambio unas viviendas justo detrás. El Consistorio, a su vez, cedió la parcela al Gobierno.
La construcción empezó en 1981 y acabó en 1983. El coste fue de 148 millones de pesetas (889.000 euros) y se pensó que el inmueble tuviese fachada de vidrio para no desentonar con el Centre Cultural, pero un director general dijo que nanay: si así fuera, el Palacio de Justicia debía estar dotado de aire acondicionado y de ese privilegio no gozaba ni el Tribunal Supremo.
el ardid del suministro
La apertura oficial se demoró porque el edificio, ya levantado, carecía de suministro eléctrico. Anselm Ramoneda, entonces decano del Col·legi d’Advocats, se jugó el tipo pidiendo a un jefe de la compañía eléctrica que conectase el fluido y extendiese un recibo a nombre del Ministerio de Justicia, aunque él (Ramoneda) abonó el dinero de antemano: 300.000 pesetas. Un director general, encolerizado cuando Ramoneda le informó de su ardid, amenazó al decano con avisar al juzgado de guardia por si había cometido un delito de cohecho. Nada ocurrió. Nada malo, se entiende, para el recordado Ramoneda. Sí ocurrió que el 14 de diciembre de 1984 el alcalde, Manuel Royes, inauguró un edificio que superaba por fin la dispersión de los Juzgados en unas instalaciones “dignas” para una ciudad con 165.000 habitantes.
Terrassa creció, y los asuntos judiciales crecieron, y se acrecieron las necesidades de la Justicia en terrassa. Y se volvió a la dispersión. A finales de los 1990 la Fiscalía fue colocada en el Centre Cultural. En noviembre de 1999 el Ayuntamiento cedió una parcela al lado de los Juzgados, pero nunca más se supo. Se alquilaban locales de oficinas cercanos para acoger nuevos órganos judiciales, como los sociales. En septiembre del 2003, el Ayuntamiento traspasó a la Generalitat un solar en la Cogullada. La obra debía estar lista en el 2007, pero acabó en diciembre del 2008.
