N 1993 España sufrió una recesión económica importante donde el paro alcanzó el 24%. Esta situación afectó al gobierno del PSOE de Felipe González, que se encontraba en una situación bastante difícil por la crisis y la corrupción galopante, esta hizo que la derecha económica y política fuera la que ordenara las pensiones contributivas y no contributivas a su medida.
Era el momento de atar las pensiones en el marco de los ingresos por las aportaciones de los trabajadores. Por eso Convergència i Unió (CiU) presentó una proposición no de ley sobre la Seguridad Social que acabó plasmándose en los Pactos de Toledo aprobados el 6 de abril de 1995 en el Congreso de los Diputados firmados por PP, PSOE, CiU y IU.
Antes de 1993 el Banco Mundial aconsejaba equilibrar las pensiones con los ingresos procedentes de los trabajadores y debían basarse en el consenso entre las fuerzas parlamentarias con el objetivo de su sostenibilidad a largo plazo, ¿pero debe ser aceptado así en el 2018, argumentando la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo?.
Si aceptamos que la pensión debe ser única y exclusivamente financiada desde los propios trabajadores, ignorando su carácter de derecho constitucional y derecho humano global, pues entonces el Pacto de Toledo es el lugar idóneo para ello. Pero si repasamos la vida activa del trabajador por cuenta ajena resulta que éste aplica su fuerza de trabajo en un proceso de creación de riqueza donde el empresario se lleva la mejor parte y además no invierte ni un euro en la pensión que deberá recibir esa persona que le ha estado generando plusvalía durante más de 30 años.
Creo que en la etapa actual del desarrollo económico capitalista, donde la robótica y todas las aplicaciones de las nuevas tecnologías están substituyendo a la persona por la máquina, donde las bolsas de miseria que el actual sistema público de pensiones ha mantenido en más de 5 millones de pensionistas, debemos hablar de las pensiones desde su perspectiva de derecho humano y derecho constitucional.
Hay sindicalistas que defienden que la pensión sólo debe basarse en las cotizaciones previas del trabajador. Este principio podría ser aceptable si en España no hubiera existido y existe el trabajo ilegal impuesto por el propio sistema, por el hombre respecto a la mujer, y por la indecencia de parte de la patronal. ¿Cuántas tareas no declaradas se realizan, cuántas horas extras no declaradas se pagan?, ¿cuántos autónomos trabajan para una sola empresa?. En un país donde el fraude fiscal ronda los 100.000 millones de Euros las personas más débiles deben ser amparadas por el sistema de pensiones. Por ello para la financiación de las pensiones debe contribuir el capital de forma clara y justa. No vale la calificación de “sostenible”, ningún derecho humano, la educación y la sanidad se pueden considerar si son o no sostenibles. La pensión debe estar en los PGE y financiarse como el resto de derechos ciudadanos.
En este nuevo escenario relatado, el Pacto de Toledo no tiene sentido, a no ser que sus actuales defensores sean partidarios de continuar manteniendo su carácter excluyente en el marco del reparto de la riqueza nacional. Es un tema ideológico puro y duro, por ello no tiene sentido enmarcarlo en su contenido económico. Ahora en España tenemos el doble de riqueza que en 1977, mientras la población ha aumentado en el mismo período un 25%. En este momento en España de lo que se produce globalmente, el 46% va al trabajo y el 54% va al capital. El 75% de los impuestos lo pagamos los trabajadores y los consumidores, y menos del 25% lo pagan los beneficios empresariales. Esa es la realidad que no se explica.
Recientemente se reunieron la ministra Magdalena Valerio con tres representantes de la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones. Esta reunión que valoran positivamente los representantes sociales presentes, donde la ministra ha hecho público que se va a estudiar las reivindicaciones que los pensionistas estamos proponiendo y debería valorarse desde la perspectiva de un reconocimiento desde el poder del Estado hacia las movilizaciones ciudadanas nacidas en plataformas transversales. Hay que avanzar hacia una única mesa representativa de pensionistas.
Hasta ahora solo estaban los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT) como interlocutores ante el poder político. Esos sindicatos que están en plataformas unitarias como el MPD (Moviment per unes Pensions Dignes) en Terrassa, pero que ya han organizado una manifestación en toda España para el día 1 de octubre sin decir nada previamente ni recoger las posibles propuestas que pudieran surgir en el entorno de las plataformas unitarias donde están participando. Yo, como pensionista del MPD, quiero participar en manifestaciones unitarias en mi ciudad, en mi comarca y en mi provincia, no solamente bajo las siglas de unos sindicatos que en Enero no movilizaban ni a sus afiliados.
Creo que convocar en Catalunya para el 1 de octubre es un error táctico, ya que coincide con los sucesos represivos y sangrantes de ese día y que seguramente va a ser una día de movilización ciudadana en toda Catalunya.
