A final de este mes los pensionistas cobraremos la miseria del diferencial entre el 0,25% de M. Rajoy y el 1,6% aprobado por Pedro Sánchez. Además se cobrará el incremento del 3% para las pensiones mínimas y a las de viudedad se aplicarán unas mejoras que dejan fuera del incremento a más de un millón de los 2,37 millones de viudas existentes. Una vez más debemos recordar que en estos ocho años hemos perdido más del 7% de nuestra pensión por el incremento del IPC respecto al miserable 0,25% pagado.
Estos incrementos, que no son nada satisfactorios, se han producido después de siete meses de estar en la calle movilizándose más de un millón de pensionistas en toda España frente al discurso de que las pensiones no son sostenibles. Esta nueva situación es transitoria. No consolida nada de los incrementos recibidos.
La legislación vigente que regula nuestras pensiones son las reformas del 2011 (PSOE+CCOO+UGT) y de 2013 (PP). A partir del 2020 volvemos a estar en el punto de partida si no conseguimos dar la vuelta a esta situación.
Seguiremos perdiendo poder adquisitivo por estar fuera del referente al IPC y por entrar en vigor el factor de sostenibilidad (reforma del 2013) que supone aplicar un coeficiente reductor del importe de la pensión al alargarse la esperanza de vida de las personas.
El 52% de pensionistas con pensiones no contributivas son pobres por estar por debajo de los 640 euros de la pensión mínima contributiva. La UE ha valorado la cantidad de 1.080 euros como la mínima necesaria para llevar una vida digna; esta cantidad es la que reclamamos como pensión mínima para todos y todas las pensionistas. La edad de jubilación se va alargando cada año hasta llegar a los 67 años para el 2027. El período para el cálculo de la pensión se alarga de los 15 a los 25 años, lo que supone un valor a la baja. Para tener derecho a cobrar el 100% de la pensión se prolonga de los 35 años a los 37 años cotizados. Debemos señalar que los parados mayores de 50 años son un colectivo donde 553.397 llevan más de cuatro años en paro y posiblemente no vuelvan a incorporarse al trabajo por lo que a los 61 años se les obliga a jubilarse con la penalización que les recorta un 28% su pensión. Todos estos factores vigentes actualmente son muy regresivos y significarán que ser pensionista sea tener una vida miserable de subsistencia de lo que, añadido al proceso de degradación de la sanidad pública, podemos deducir que nuestra esperanza de vida se pueda revertir en lo que concierne a su calidad, y posiblemente a su final.
A esta situación a corto plazo hay que añadir el futuro de las generaciones posteriores que puede ser que pierdan cualquier derecho a disponer de una pensión mínima. Por eso es importante que el conjunto de la ciudadanía se incorpore a esta lucha hoy para salvar el día de mañana.
Las reformas del 2011 y del 2013 deben ser derogadas y debe volver a elaborarse otra nueva ley de pensiones que tenga unos mínimos basados en:
El blindaje de las pensiones dentro de la Constitución española de forma que ningún gobierno pueda modificarlas. Cláusula de revisión de las pensiones según el IPC real de cada comunidad autónoma. Una pensión mínima de 1.080 euros. Edad de jubilación a los 65 años. Derecho a jubilarse a partir de los 40 años cotizados sin penalización alguna. No aplicar el IRPF a los ingresos por pensión.
Hay quien espera encontrar solución en los Pactos de Toledo, ese organismo creado en 1995 para asegurar que las pensiones fueran financiadas única y exclusivamente desde las retribuciones de la clase obrera, dejando fuera de este compromiso al capital, la otra parte beneficiada por la plusvalía generada en los procesos productivos. Así ha sido hasta ahora. En estos 23 años el Fondo de Reserva de las Pensiones, creado ex profeso para asegurar la financiación de las mismas, llegó a tener más de 65.000 millones de euros, los cuales fueron expoliados por los gobiernos del PP para cubrir otros gastos del Estado.
En estos momentos, donde el diagrama del mundo del trabajo se ha invertido respecto al incremento del gasto por pensiones, seguir empecinados en la fórmula de 1995 es arcaico y peligroso. Las pensiones deben estar equiparadas con el resto de gastos del Estado y financiadas de igual forma que el gasto de la Casa Real, la compra de armas, la sanidad, la educación…
Las movilizaciones de los pensionistas en el conjunto del Estado español deben servir para que los partidos políticos y las organizaciones sindicales que participan en los Pactos de Toledo recojan las plataformas reivindicativas que están defendiendo más de un millón de pensionistas. Si no es así, una vez más, nos sentiremos utilizados.
