El proceso de municipalización del servicio de agua en Terrassa vive su último tramo formal, pues la nueva empresa pública asumirá la gestión en diciembre. Sin embargo, el litigio con Mina, la empresa concesionaria hasta ahora, proseguirá durante mucho tiempo.
El proceso se inició en septiembre del 2016, cuando el entonces alcalde, Jordi Ballart, liquidó el contrato con Mina. Se cumplían los 75 años de concesión a la empresa.
Empezó el revuelo institucional y continuó una campaña que apoyaba la decisión municipal. Y se incoaron procedimientos judiciales. Más de dos años después, expirada la cuarta y última prórroga forzosa de adjudicación a Mina, el Consistorio se hará cargo de la gestión del agua con una empresa que, de momento, ha adoptado el nombre de EPEL (Entidad Públñica Empresarial), Terrassa Cicle de l’Aigua, con un consejo de administración que cuenta con concejales del PSC, TeC, ERC y el PDeCAT.
El pleno de marzo había aprobado de manera definitiva el modelo público directo con los votos favorables de 20 de los 27 concejales del Ayuntamiento: PSC, TeC, ERC-MES y la CUP votaron a favor. El PDeCAT se abstuvo y Ciutadans y el Partido Popular votaron en contra.
