El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terrassa anunció ayer que los usuarios del servicio de suministro de agua de la ciudad no deberán realizar ningún trámite ante la nueva empresa gestora para mantener su vínculo, ni habrá cambios en los contratos ni en los sistemas de pago. De la misma forma se mantendrá la cuota social para las familias vulnerables y propondrá en el pleno que se mantengan las mismas tarifas. Pues no podemos más que agradecer al equipo de gobierno su propuesta, pero de la misma forma, tenemos que decir que lo dábamos por supuesto. Sí, seguramente de forma infundada, pero ya contábamos.
Muy pocos terrassenses, por no ser maximalistas, teníamos ni la más ligera sospecha de que fuese a subir el recibo del agua.Hablamos, por descontado, de un aumento de precio injustificado, más allá de lo que índices como el IPC han marcado tradicionalmente. Por tanto, el anuncio de ayer nos sitúa ante dos reacciones, una, lógicamente de tranquilidad ante el nuevo escenario y una segunda, por el contrario, nos hace pensar que en algún momento, efectivamente, se ha planteado la posibilidad de que el aumento de precios estuviese encima de la mesa. Esa segunda conclusión nos lleva a concluir que entra dentro de lo posible que la propuesta que se presentará al pleno de este mes sea coyuntural.
En cualquier caso, debemos convenir que la nueva empresa está cuadrando sus números y los está cuadrando bien. La memoria justificativa hablaba de 104 trabajadores para la nueva empresa y ya se está hablando de más de 120; no se ha explicado todavía cómo se va a realizar el control de consumos y cuál será el papel de los telecontadores de Mina en ese cometido, ni cómo se negociará el precio del agua en alta, cuestiones, por citar sólo unos ejemplos, que no se acabaron de aclarar en la comisión informativa de Serveis Generals. Por tanto, si, aún así, salen los números, debemos felicitarnos.
La determinación de municipalizar el servicio de suministro de agua en la ciudad, no ha sido puesta nunca en cuestión por este rotativo; se trata de eso, de una decisión política tomada a través de mecanismos democráticos y absolutamente legítimos desde el pleno municipal. Defendemos confirmeza la independencia de nuestos representantes para llevar a cabo la función para la que fueron elegidos. Siempre hemos reivindicado, no obstante, que el modelo de gestión no debe realizarse a costa de los usuarios y que la transición debe garantizar la calidad y el precio del servicio. De cualquier otra forma, deberá explicarse muy bien, porque uno de los argumentos de base era que el margen de beneficio de la empresa concesionaria podía aplicarse a la nueva gestión para mantener los precios. Nos lo creímos y, por eso, ya contábamos.
