La Llei 14/2017 o Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, aprobada por el Parlament de Catalunya en el año 2013, supone que las personas o las unidades familiares inmersas en una situación de pobreza, han de percibir una prestación para asegurarse unos mínimos para disfrutar de una vida digna. Además, con esta normativa se pretendía que los beneficiarios gozaran de una autonomía y una participación activa en la sociedad.
Esta prestación social, de carácter económica y con una percepción periódica, se decidió para combatir la situación precaria de muchas personas, en muchos de los casos, derivada de los momentos de crisis económica que afectaron a la sociedad durante ese período de tiempo. Sin embargo, la adjudicación se basaba en criterios subjetivos.
Requisitos necesarios
Es decir, se destinaba a las personas o unidades familiares con una falta evidente de recursos o con recursos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, pero siempre y cuando cumplan unos requisitos.
Por ejemplo, para hacer una solicitud con algunas garantías hay que ser mayor de 23 años, estar empadronado en el municipio en el que se solicita esta prestación, residir en Catalunya de forma legal o no disponer de patrimonio más allá de la vivienda habitual.
