El Ayuntamiento debe pedir sendos informes sobre competencia antes de hacer efectiva la municipalización del servicio de agua. Eso asegura la Generalitat de Catalunya en una carta remitida al Consistorio, según la agencia EFE.
La comunicación, enviada por la Direcció General d’Administració Local, recuerda al Ayuntamiento que debe solicitar un informe a la Autoritat Catalana de la Competència y otro a la Comissió Jurídica Assessora antes de proceder a hacer público el servicio de agua. La reacción de la administración autonómica llega después del escrito presentado a la Generalitat por Mina, Aigües de Terrassa, la actual concesionaria de la distribución de agua en la ciudad. El 1 de junio, la empresa interpuso el escrito denunciando que el pleno municipal había acordado gestionar directamente el servicio "en régimen de monopolio, sin observar el procedimiento legal establecido", y pidió a la Direcció General d’Administració Local que presentara un recurso contencioso-administrativo.
La dirección general asegura en la carta dirigida al Consistorio que para acabar la tramitación de la municipalización en régimen de monopolio se requieren esos dos informes, el jurídico y el relacionado con la competencia, que la administración local no puede pasar por alto. El pleno de mayo aprobó la creación del consejo de administración de la nueva empresa pública, Terrassa Cicle del Aigua, EPEL, que asumirá la gestión de Mina a partir de diciembre próximo, aunque el proceso está inmerso en un litigio legal que se prevé largo.
Ese plenario de mayo estuvo marcado por la polémica, pues Ciutadans y el PP acusaron a los partidos favorables a la municipalización de crear "un consejo de administración de amiguetes", pues de las cuatro plazas reservadas a los políticos, tres las ocupan concejales del PSC, TeC y ERC, respectivamente, y la cuarta el PDeCAT.
El Observatorio
Las formaciones partidarias del servicio público denunciaron que fue Ciutadans quien se negó sistemáticamente a estar presente en las empresas municipales.
El siguiente paso en el proceso se dará en el pleno de julio, cuando se aprobará el reglamento del Observatorio del Agua de Terrassa (OAT), órgano que articulará la participación de los ciudadanos "en la definición de las políticas y en las decisiones estratégicas que afecten al servicio", apuntó ayer el Ayuntamiento. El observatorio tendrá un carácter consultivo y propositivo y podrá tomar acuerdos que el gobierno municipal deberá tener en consideración.
El OAT, integrado por ciudadanos, entidades, partidos, agentes sociales y económicos, el gobierno local y los consumidores, presentará propuestas a EPEL, elaborará informes y controlará las cuentas de la empresa pública.
Tendrá un funcionamiento autónomo, con plan de trabajo propio y recursos suficientes. "La transparencia y la participación ciudadana en el servicio del agua es uno de los objetivos prioritarios y una de las principales novedades del nuevo modelo de gestión pública", destaca el Consistorio.
