El juez instructor de la causa sobre el “procés”, Pablo Llarena, ha dado un plazo de dos días a los 14 miembros del Govern destituido, incluido Carles Puigdemont, para que abonen de forma solidaria la fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil que les impuso cuando les procesó.
En una providencia, el magistrado del Tribunal Supremo insta a estos catorce dirigentes catalanes -procesados por malversación pero no todos por rebelión- a que procedan a abonar la fianza de forma solidaria en un plazo de dos días a contar desde el momento en el que se recibe la notificación o de lo contrario, advierte, se procederá al embargo de sus bienes.
Una vez es firme el procesamiento de los 25 implicados en esta causa, Llarena estima que es el momento de solicitar a los 14 integrantes del Govern cesado la fianza de 2.135.948 euros que les impuso en concepto de responsabilidad civil por el dinero presuntamente malversado en la preparación y celebración del referéndum del 1-O, declarado inconstitucional.
La deberán abonar, dice Llarena en la providencia, “de cualquiera de las clases admitidas en la Ley excepto la personal”, es decir, no puede prestarla ningún fiador y, de lo contrario, “se procederá al embargo de bienes de los procesados”.
En su auto de procesamiento, el juez señaló que los 2,1 millones de fianza impuestos al Govern cesado corresponden a la suma de 1,6 millones que en ese momento consideró que se había malversado, más un tercio de dicha cantidad que debe añadirse de acuerdo a la Ley en ese tipo de fianzas.
Sin embargo, pese a que el procesamiento de los implicados en esta causa fue el pasado marzo, los investigadores siguieron indagando en la malversación en la que podrían haber incurrido los catorce dirigentes catalanes.
De hecho, en un informe reciente, la Guardia Civil elevó a 3,2 millones la malversación cometida por el Govern cesado para sufragar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
En concreto, el instituto armado apuntó que “la Generalitat abonó la cantidad de 1.688.188,05 euros y tiene pendiente de abono 1,604.848,50 euros, ascendiendo la suma total destinada al referéndum del 1-O a 3.269.236 euros”.
De los 14 miembros del Govern cesado que deberán abonar la fianza, seis están en prisión, entre ellos el exvicepresident Oriol Junqueras; cinco en rebeldía, incluido el expresident Carles Puigdemont; y tres en libertad -Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.
