Hoy nos hacemos eco en nuestras páginas de la queja que ha elevado la asociación de vecinos de Can Boada del Pi al ayuntamiento sobre el lamentable y peligroso estado de la Masia de Can Marcet, una obra modernista del Lluís Muncunill que presenta una imagen de ruina. La edificación, que perteneció a la familia Carbonell, pasó a ser propiedad de los bancos de Sabadell y Santander como consecuencia de la crisis económica que también afectó a la empresa familiar. En estos momentos la masia, construida a principios del siglo XX y que estuvo habitada hasta hace treinta años, es un auténtico peligro para quienes de forma transgresora accedan a su interior, los mismos que, por otra parte, contribuyen de manera activa a su deterioro. Además de ese peligro físico real se corre el riesgo de perder, si no es que se ha perdido ya un edificio catalogado.
No sería el primero. Sería bueno, en ese sentido, saber qué ha ocurrido con el expediente que se abrió a la promotora que derribó sin el menor miramiento las paredes protegidas de la casa de Mon Repós hace ya algunos años, lugar en el que vivió el polifacético artista uruguayo, impulsor del constructivismo, Joaquín Torres García.
Lo que está ocurriendo con la Masia de Can Marcet tiene que ver con las consecuencias de la asunción de la titularidad de un número extraordinario de inmuebles que ha pasado a ser propiedad de entidades de crédito como consecuencia de la crisis económica. El patrimonio inmobiliario de los bancos se multiplicó con la ejecución de las hipotecas y les resulta imposible llevar a cabo el mantenimiento de sus propiedades. En este caso se trata de un edificio protegido y el Ayuntamiento mediará para que los dos propietarios realicen labores de mantenimiento (esperemos que con éxito), pero esa misma circunstancia se ha dado en multitud de pisos en los que se ha generado una conflictividad extraordinaria. En la mayoría de los casos, los bancos no sólo no han realizado tareas de mantenimiento, sino que han generado un verdadero problema en las comunidades de propietarios al no pagar las cuotas para los gastos generales. La situación se ha hecho especialmente complicada en edificios en los que las entidades de crédito eran propietarias de la mayoría de las vivienda. Alguna solución habrá que encontrar.
