No es la primera vez que decimos en este espacio que la lógica jurídica no siempre tiene una correspondencia con la lógica de la calle o con lo que la ciudadanía entiende como lógico. La resolución de la Audiencia Provincial de Navarra con respecto a la libertad provisional de la Manada es uno de esos episodios que genera, esencialmente, incomprensión en la calle, sobre todo por lo que tiene de contradictorio con otras decisiones que se han tomado desde el mismo tribunal.
En primer lugar, es cierto que el grupo lleva en prisión provisional casi dos años, que su sentencia no es firme y que se debe tomar una decisión con respecto a la situación personal de cada uno de los miembros del grupo. Recordemos que la sentencia que los condenó por abusos y no por violación no es todavía firme puesto que está recurrida tanto por las defensas como por la acusación. Pero no es menos cierto que la ley permite una prórroga de la prisión provisional y que muchas veces se esgrime la alarma social como argumento para tomar decisiones de este tipo. La movilización que provocó en su momento la sentencia hace prever que esta nueva resolución genere nuevamente una reacción en la calle que el tribunal podría haber tenido en cuenta. Pero desde un punto de vista más técnico, resulta contradictorio que días después de la sentencia, se solicitase la libertad provisional y el mismo tribunal decretase que se mantuviese la prisión provisional con los argumentos contrarios a los que ahora se utilizan para decretar la libertad con una fianza de 6.000 euros y las medidas adicionales de personación en los juzgados de sus municipios de residencia, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España y de entrar en la Comunidad de Madrid.
Es inevitable realizar comparaciones con otros casos tan mediáticos, como el de los presos del procés, que han solicitado reiteradamente su puesta en libertad hasta la celebración del juicio y que les ha sido denegada por el riesgo de continuar delinquiendo cuando algunos de ellos ya han renunciado a continuar en la política activa.
En cualquier caso, seguro que la resolución es discutible tanto desde el punto de vista de la técnica jurídica, como de la percepción que los ciudadanos tienen de la misma y los jueces debe asumir que sus decisiones están sujetas a la crítica, lo cual no quiere decir que no se deban respetar y acatar sus resoluciones. El caso de la Manada va a generar polémica hasta el final.
