Los importes van desde los 1.200 euros hasta los 40.000. La puerta abierta por la Justicia para reclamar plusvalías municipales ha hallado respuesta en decenas de terrassenses, que han presentado ya sus reclamaciones a través de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca. La institución ha tramitado ya cerca de un centenar de reclamaciones con un importe de casi medio millón de euros.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que confirmó la posibilidad de las reclamaciones es de mayo del 2017. Ha transcurrido, pues, más de un año desde su publicación y los términos se han agotado para muchos afectados, pues estos ya no pueden solicitar lo que pagaron hasta el año 2013, este incluido. La Cambra de la Propietat recuerda que los interesados pueden reclamar todas aquellas plusvalías más recientes, siempre que no hayan pasado más de cuatro años desde su pago. "No tiene nada que ver que hubiese ganancia o no en la transmisión", destaca la entidad aludiendo a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Para que no pase más tiempo en contra de los afectados, la Cambra pide difusión a las posibilidades que dejan las sentencias para que muchos no se queden atrás en sus peticiones.
La institución ya ha formulado reclamaciones contra impuestos de plusvalías cobrados por varios ayuntamientos, entre ellos los de Terrassa, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Matadepera, Viladecavalls y Vacarisses; también el de Barcelona.
Ilegalidad
La entidad ya pidió a finales del año pasado a los consistorios de la comarca que dejasen de cobrar las plusvalías a partir del 1 de enero del 2018, tanto las referentes a ventas como las derivadas de herencias, donaciones o cualesquiera transmisiones. El motivo estaba claro: "La falta de legalidad del cobro" a tenor de las resoluciones judiciales.
El TSJC "ha abierto al máximo las puertas a las reclamaciones"; interpreta que la sentencia del TC significa que las liquidaciones y autoliquidaciones impugnadas "son nulas por ser nulas las normas legales (el método de cálculo) en las que se fundamentaban". El Congreso de los Diputados tramita una modificación de la ley de haciendas locales "para acabar con este error del método de cálculo que provoca la nulidad de las liquidaciones", lo que implica reconocer que la ley actual "está mal y es inconstitucional", indica la entidad. Y añade que los ayuntamientos deberían informar públicamente, "evitando la falta de transparencia hacia los ciudadanos a los que se cobró indebidamente".
En toda España pueden verse obligados a retornar entre 8.000 y 15.000 millones de euros.
