Desde que Jordi Ballart dimitió y tomó la vara de mando Alfredo Vega con nueve concejales, se respira un ambiente de cierta calma en el Ayuntamiento entre el equipo de gobierno y la oposición. La relación es correcta y de responsabilidad por parte de todos puesto que una acción opositora desmedida puede generar el desgobierno de la ciudad; todos lo tuvieron claro, pero el alcalde Vega y su equipo no tienen un cheque en blanco y la proximidad de las elecciones irá, sin duda, generando puntos, si no de conflicto, si de divergencia evidente que permita a los partidos marcar perfil propio y recordar a sus electores que son alternativa.
Precisamente eso ha ocurrido con el Plan de Prevención y Gestión de Residuos que se debía aprobar en el pleno del próximo mes de julio. No se aprobará. El equipo de gobierno está en minoría y si no reúne los apoyos necesarios, sus propuestas no podrán llevarse al pleno, a menso que quiera encontrarse con la evidencia de la negativa. Terrassa en Comú y Esquerra Republicana ya han dicho que no votarán a favor del texto si no va acompañado de un contrato programa que permita un control más riguroso del trabajo que desarrolla Eco-Equip en la ciudad y que ya advirtieron que sería imprescindible para dar apoyo al plan.
El hecho no sólo pone en evidencia que el equipo de Gobierno está obligado a alcanzar amplios consensos, sino que la gestión de los residuos en Terrassa genera gran controversia. El Plan de Prevención y Gestión de Residuos, que ha sido alabado por los partidos, ha contado con la participación de la Taula de Residus. El trabajo parece haber sido ciertamente concienzudo y no del todo plácido, tratándose de un tema tan sensible para la ciudadanía.
La cuestión está, según los partidos de la oposición, en que por muy bueno que sea el plan, si no se ejecuta correctamente no servirá de nada y está en juego un presupuesto de 21,6 millones de euros. La ejecución, lógicamente corresponderá a Eco-Equip, la empresa pública que gestiona la limpieza de la ciudad y sobre la que los últimos años ha recaído buena parte del peso de la crisis en forma de abandono inversor por parte del Ayuntamiento. Las dudas que genera la empresa (la oposición habla de mal funcionamiento y descontrol), reconocidas en su momento por el propio Ayuntamiento, se disiparían a través de un contrato-programa. Tiene su lógica y dadas las circunstancias, no habrá más remedio que implantarlo, pero de lo que no cabe duda es de que lo que hay que buscar es la máxima eficacia de la empresa pública y que los mecanismos de control del Ayuntamiento sobre su propia empresa hiciesen innecesario el contrato-programa.
