El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña ha pedido hay al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que acabe todas las obras que están adjudicados y licitadas y están paradas en Cataluña y al nuevo conseller de Economía, Pere Aragonès, que incluya obras nuevas en los presupuestos del Govern.
El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, impulsado por la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, Foment del Treball, Asinca y la Fundación Cercle d’Infraestructures, ha presentado hoy un informe sobre la eficiencia de la inversión pública en infraestructuras.
El vicepresidente del consejo y presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Joaquim Llansó, ha pedido al nuevo ministro de Fomento que acabe las diez o doce obras que están paradas en Cataluña, entre las que ha mencionado la B-40.
Ha asegurado que solucionar los problemas de Rodalies es fundamental, pero que el Corredor Mediterráneo es la obra “más importante” para España y ha dicho que “a ver si con el nuevo ministro, que es valenciano, empezamos a tirar adelante esta obra”.
También ha pedido que se acabe de una vez con el bajo coste de las obras, porque se siguen haciendo obras cuyo coste no cubre la infraestructura.
Por su parte, el secretario del Consejo de Infraestructuras, Salvador Guillermo, ha pedido al nuevo conseller de Economía, Pere Aragonès, que en los presupuestos del 2019 o en las revisiones que hagan de los del 2018 se incorporen “obras nuevas” en Cataluña.
Durante la presentación del nuevo documento, Llansó ha mencionado la necesidad de la eficiencia en la construcción de las infraestructuras, ya que las administraciones tienen más gastos fijos y les queda menos para inversión pública, de la que entre el 70 y el 75 % se destina a infraestructuras.
“Hay que ser cuidadosos con las infraestructuras -ha dicho- porque como ciudadanos a veces tenemos la sensación de que se malgasta dinero público en infraestructuras sin retorno o en aeropuertos sin aviones”, ha puesto como ejemplo,
Por ello, ha pedido a las administraciones públicas que las cosas se hagan de manera cuidadosa y ha insistido en la necesidad de la colaboración público privada.
Desde este consejo se ha propuesto la inclusión de las infraestructuras en una planificación consensuada y de largo recorrido, entre 10 y 15 años; la realización de estudios de eficiencia técnica y de análisis coste-beneficio que evalúen el retorno económico, social y ambiental una vez que la infraestructura esté en funcionamiento.
También han reclamado el desarrollo de actuaciones en un marco competencial y regulatorio transparente, garantizando el acceso del ciudadano a toda la información.
En el caso de infraestructuras complejas o de grandes dimensiones, consideran que hay que madurar los proyectos, empleando todo el tiempo necesario para decidir la solución más adecuada para alcanzar la mejor eficiencia técnica, económica, social y ambiental.
El consejo ha propuesto nombrar a un profesional con experiencia y conocimientos para liderar cada infraestructura importante y utilizar partenariados públicos-privados para aprovechar las eficiencias de ambos sectores.
Llansó ha reclamado que las administraciones no se hipotequen excesivamente con las infraestructuras y ha destacado que el 70 % del presupuesto del departamento de Territorio está hipotecado por la L-9 y otras obras.
Salvador Guillermo ha pedido un “consenso político” con objetivos claros y con criterios que se puedan llevar a cabo para dar respuesta a algunas cuestiones, como estudiar cómo pagar las vías de alta capacidad.
Guillermo también ha mencionado que cada parte debe de asumir sus riesgos y ha dicho, por ejemplo, que la administración tendría que incorporar el riesgo de expropiación, porque a veces puede comportar que las empresas tengan que pagar mucho más de lo previsto por este concepto.
