La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco ha solicitado hoy la inmediata puesta en libertad de los políticos independentistas catalanes presos y ha mostrado su rechazo a este encarcelamiento.
Esta resolución, presentada en una enmienda transada entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha contado con el apoyo del PNV y el rechazo del PP y del PSE-EE.
En su resolución, la Cámara de Vitoria asume la posición de Amnistía Internacional al considerar “desproporcionada” la prisión provisional y entiende que los cargos que se les imputan son “excesivos”.
Además, muestra “serias dudas sobre la parcialidad y falta de garantía tanto de la actuación judicial como del Ministerio Fiscal”.
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento ha acordado que mientras no se produzca la puesta en libertad de los políticos les visitarán “para estudiar su situación y comprobar si se respetan sus derechos fundamentales”.
Tras la sesión de la Comisión, la presidenta y secretaria de la Asociación Catalana de Derechos Civiles, Meritxell Lluis y Diana Riba, respectivamente, que han acudido hoy al Parlamento Vasco, han agradecido su pronunciamiento.
Lluis, pareja del exconseller Josep Rull, ha dicho que los “presos políticos catalanes están en prisión por cumplir el mandato de las urnas” y Riba, pareja de Raül Romeva, ha sostenido que “no hay ningún elemento objetivo para mantener la prisión preventiva y el alejamiento de sus familias”.probar si se respetan sus derechos fundamentales”.
Por parte de los grupos parlamentarios, Íñigo Iturrate (PNV) ha considerado “desproporcionado” y un “exceso absoluto” el mantenimiento de la prisión preventiva de los políticos soberanistas y ha afirmado que es un “castigo con fin ejemplarizante”.
Iturrate, que ha sostenido que los jueces y magistrados “emanan del pueblo y están sometidos a la crítica política y a la supervisión de la ciudadanía”, ha mostrado su deseo de que “se aproveche el nuevo tiempo político en el Estado” para solucionar la situación en Cataluña desde el “diálogo, la negociación y el acuerdo”.
Jone Goirizelaia (EH Bildu) ha censurado el “uso ideológico del Derecho Penal” en este caso, la “quiebra de la separación” de poderes” y la “vulneración de derechos fundamentales”.
Goirizelaia ha argumentado que los políticos encarcelados lo están solo por haber “expresado legítimamente sus ideas”, por decisión de un juez al que se le han dado “facultades absolutas para incidir en la política catalana”.
Eukene Arana (Elkarrekin Podemos) ha sostenido que lo que se debatía, la puesta en libertad de los políticos, es una “cuestión prepolítica” y ha insistido en que los cargos que se les imputan son “excesivos” y la prisión “desproporcionada”.
Carmelo Barrio (PP) ha definido el acuerdo de hoy de “despropósito” y una “injerencia” de un poder del Estado en otro, y ha sostenido que los “problemas políticos que acaban en presuntos delitos terminan con la aplicación de las leyes”.
Barrio ha insistido en que en España “no hay presos políticos, pero sí políticos presos por la presunta comisión de delitos”.
Rafaela Romero (PSE-EE) ha explicado que el acuerdo adoptado cuestiona la actuación del juez instructor, al que se le llega a acusar de prevaricación.
Ha abogado por el diálogo para solucionar la situación en Cataluña pese a que no va a ser fácil mientras sigan en prisión preventiva los políticos independentistas, pero ha insistido en que la petición del Parlamento Vasco “no parece la vía más adecuada” para que queden en libertad.
