Los exconsellers de la Generalitat de Cataluña huidos a Bélgica han anunciado hoy que han interpuesto una demanda civil contra el juez Pablo Llarena y que también han reclamado la petición de recusación del magistrado ante el Tribunal Supremo (TS) en España.
Las dos acciones judiciales en Bélgica y España serían una consecuencia de que el juez Llarena no estaría respetando “su derecho a presunción de inocencia” porque “no es imparcial”, ha dicho Toni Comín en rueda de prensa, acompañado del resto de exconsellers en Bélgica y de sus equipos legales.
Clara Ponsatí desde Escocia y el expresidente catalán Carles Puigdemont desde Alemania han participado por videoconferencia.
Puigdemont y los cuatro exconsellers son los sujetos de la demanda en Bélgica, pues según su equipo legal, las declaraciones de Llarena en las que basan su acción civil se refieren al 22 de febrero de 2018, cuando todos se encontraban en el país.
“Entre otras declaraciones, el juez negó que existieran los presos políticos”, ha señalado el abogado Paul Bekaert, sobre las declaraciones de Llarena.
Otro de sus abogados, Christophe Marchand, ha dicho que la petición de la Justicia belga a Llarena será la de comparecer el próximo 4 de septiembre, una invitación que ha dicho desconocer cuando será recibida por el magistrado del TS.
“No somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez”, ha añadido el expresidente de la Generalitat, quien como Comín ha augurado que Llarena será llamado a declarar a Bruselas.
Comín ha explicado que la recusación ante el Tribunal Supremo “es consecuencia” de la primera demanda civil en Bélgica, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes.
