La Fiscalía ha interpuesto una querella contra el exconseller de Presidencia Jordi Turull, al que acusa de un delito de insolvencia punible por haber donado parte de su patrimonio a su esposa, cuatro meses antes del referéndum del 1-O, para evitar futuros embargos por su implicación en el “procés”.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sala civil y penal ha registrado la querella, que también se dirige contra Maria Blanca Bragulat, la esposa de Turull, actualmente diputado de JxCAT en el Parlament y en prisión preventiva por orden del juez del Tribunal Supremo que investiga a la cúpula del proceso unilateral a la independencia.
En su querella, el fiscal sostiene que Turull se desprendió de un patrimonio valorado en 96.449 euros, en un “plan preconcebido” que tenía “el evidente propósito y finalidad de intentar eludir el futuro embargo” de sus bienes, por su participación en el “procés” y en la organización del referéndum de independencia.
De hecho, el exconseller de Presidencia está procesado por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por el juez del Supremo Pablo Llarena, que ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros a los 14 exmiembros del Govern imputados por el “procés”, a pagar de forma solidaria.
Según la querella, en junio del año pasado Turull era titular de una vivienda en Parets del Vallès (Barcelona), valorada en 84.452 euros, y de la mitad de una cuenta corriente con 107.594 euros que compartía con su mujer.
Para evitar un futuro embargo, sostiene el ministerio público, el exconseller “se concertó” con su esposa, con la que se halla casado en régimen de separación de bienes, para desprenderse de la mayor parte de su patrimonio inmobiliario y activos financieros “y aparentar con ello una situación de insolvencia”, añade la Fiscalía.
De esa forma, el 8 de junio de 2017 Turull firmó una escritura en la que “hacía donación pura y simple” a su esposa de la mitad de la vivienda de Parets, de la que era único propietario, y le cedía también el 50% de los 107.594 euros que ambos tenían en la cuenta corriente, según el ministerio público.
Para el fiscal, los hechos suponen un delito de insolvencia punible -castigado con entre uno y cuatro años de cárcel-, del que Jordi Turull sería autor directo y, su esposa, cooperadora necesaria.
La querella ha correspondido, por reparto, al magistrado de la sala civil y penal Francisco Valls, que será el ponente de la misma ante la sala de admisiones, a la que en los próximos días corresponderá decidir si el TSJC investiga a Turull y a su esposa.
