El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar a 23 investigados por el caso de las mordidas del 3 % de CDC en Cataluña, entre ellos el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el exteniente de alcalde de la ciudad condal Antoni Vives.
El magistrado, que también instruye el caso Pujol, ha ordenado así las primeras diligencias desde que asumió la investigación de esta causa, que llevaba un juzgado de El Vendrell (Tarragona), al entender que es competencia de la Audiencia Nacional porque la red del 3 % pudo alterar la economía nacional.
Entre los citados del 11 al 22 de junio, muchos de ellos detenidos en febrero de 2017, figuran altos cargos del departamento económico de CDC, directivos de empresas públicas, cargos del Ayuntamiento de Barcelona y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, malversación, blanqueo, fraude, financiación ilegal de partidos, falsedad y tráfico de influencias.
Declararán sobre el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergència a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glòries o la ampliación del Puerto de Barcelona, en la etapa en que el convergente Xavier Trias ostentaba la alcaldía de la capital catalana.
De ámbito de CDC, está citado el exresponsable económico y jurídico del partido Francesc Sánchez, que es el abogado de Víctor Terradellas, detenido ayer en una macrooperación por el desvío de más de 2 millones de la Diputación de Barcelona con CiU y socio del diputado de JxCat Francesc Dalmases, uno de los parlamentarios del entorno de máxima confianza del expresidente Carles Puigdemont.
El juez considera que Sánchez contribuyó “a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido en forma encubierta mediante ‘donaciones’ a fundaciones ligadas a CDC (Cattdem y Forum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos con la finalidad de ‘dirigir’ los mismos hacia empresas que colaboraban con ‘donaciones’ al partido”.
También ha citado a la que fuera jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors Benítez y al exgerente y coordinador del área económica Carles del Pozo, quienes, según el juez, interactuaron junto con el extesorero Andreu Viloca “en toda la gestión de donaciones”.
El director de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, tendrá que responder ante el juez por su antiguo papel como gerente del ayuntamiento de Barcelona, y declarará asimismo Isabel Muradas, subdirectora de Estudios de la Generalitat que dio información privilegiada a un constructor.
Otros de los citados son cargos de las empresas públicas que adjudicaron los contratos investigados, como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, empresario del círculo más próximo al expresidente catalán Artur Mas, y Antoni Vives, el ex teniente de alcalde que fue vicepresidente de esta entidad portuaria y presidente de la empresa municipal Bimsa.
De Bimsa están citados asimismo su exdirector Ángel Sánchez Rubio y el que fuera director de obra civil Ernest Santolaria.
Otros de los investigados que acudirán a declarar es Ramón Massague, que fue coordinador de entidades municipales del consistorio barcelonés, y Constantí Serrallonga, ex gerente municipal del ayuntamiento.
Esos días deberá presentarse asimismo en la Audiencia Nacional Pilar Matesanz, directora de contratación de Infraestructures.cat, la principal responsable de la contratación de obra pública de la Generalitat.
Los empresarios que se beneficiaron de las adjudicaciones sospechosas que tendrán que ir ante el juez De la Mata son Ambrosio Martínez (Copisa), José María Zaragoza y Pedro Javier del Llano (Oproler), Ramón Anglada (Rubau), Joan Albert Arqués (Benito Arnó), Antonio Cañellas (Construcciones Deco), Ramón Blázquez (Certis), Joan Maria Pujals (Impulsa Grup), Antonio García Bragado (Tec Cuatro), Jordi Soler (Grup Soler) y Jordi Durán (Urbaser).
