La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha elevado hoy a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento el sumario abierto por sedición y organización criminal al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior Cèsar Puig, segundo del exconseller Forn.
Lamela, que ha remitido la causa a la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Concepción Espejel, ha dictado hoy un auto, contra el que no cabe recurso, en el que decreta la conclusión del sumario para remitirlo a la Sala, “previo emplazamiento de las partes” en díez días, lo que supone el primer paso para juzgar estos hechos.
La juez advierte también a la Sala que tiene aún pendientes de resolver los recursos de apelación contra la confirmación del procesamiento de los tres miembros de la cúpula de los Mossos investigados en esta causa por el 1-O y en la que también está procesada la intendente de los Mossos Teresa Laplana, aunque solo por sedición y únicamente en relación al asedio a la Guardia Civil y a la comitiva judicial durante un registro en la Consellería de Economía el 20 de septiembre.
Una vez se resuelvan esos recursos y los procesamientos adquieran firmeza, la Sala podría dar ya entonces el siguiente paso y dictar el auto de apertura de juicio oral que daría lugar al enjuiciamiento de los encausados.
En su auto, Lamela explica que procede decretar la conclusión de este sumario al haber sido ya “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que ha tenido el procesado y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra”.
El sumario será remitido a la Sala “junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, si las hubiere”, añade el auto.
El 18 de abril, la magistrada confirmó el procesamiento de los cuatro investigados en esta causa, asegurando que hay “indicios racionales de criminalidad” basados en “hechos objetivos” y no en “meras conjeturas o pareceres de los investigadores”.
En el auto de procesamiento, dictado el 4 de abril, Lamela imputa a Trapero, Puig y Soler un delito de organización criminal y otro de sedición por la “total inactividad” de los Mossos el 1-O, que en el caso de Trapero se amplía a dos delitos de sedición por atribuirle también la responsabilidad en los incidentes del 20 de septiembre.
Considera la juez que los cuatro procesados incurrieron en sedición (penado con hasta 15 años de cárcel) y no en rebelión (entre 15 y 25 años), delito por el que están procesadas 13 personas en el Tribunal Supremo, dado que ella no aprecia que concurriera “el elemento de la violencia” tanto el 20 de septiembre como el 1-O en la concentración de una “masa de personas” “de forma tumultuosa”.
Lamela cree que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña” Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.
Según la juez, los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objeto de favorecer “el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig.
Por ello, Lamela considera que formaban parte de una “organización criminal” en la que obedecían “a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas”.
