La crisis económica generada por el capital financiero en el 2008 llevó a nuestro pueblo a situaciones de miseria antes nunca imaginadas. En este proceso de destrucción de riqueza se perdieron en Catalunya 562.000 puestos de trabajo. Desde el inicio de la crisis en el 2008 se ha consolidado que unos dos millones de catalanes y catalanas sean pobres de forma estructural. la tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión) establece que el 22,5% de la población catalana padece pobreza severa.
En relación al género de la pobreza, Cataluña no es una excepción y las más afectadas por la falta de recursos son familias monoparentales con hijos e hijas (un 90% de estas familias están encabezadas por mujeres) o personas dependientes y mujeres mayores, perceptoras de ínfimas rentas no contributivas. Se ha incrementado del 19,7 al 24,7% la tasa de riesgo de pobreza en este colectivo.
La disminución presupuestaria en educación y ocio, las restricciones en prestaciones para familias socialmente desfavorecidas, como la RMI, y la menor cobertura de otras prestaciones sociales, la caída presupuestaria para becas comedor y ayudas para el transporte y el material escolar se han concretado, sumadas a la precarización del mercado laboral, en un aumento constante de los niños y niñas que viven en pobreza y exclusión social, casi medio millón de menores en Catalunya.
Otro fruto de la precariedad en el mercado de trabajo son los más de medio millón que viven en la pobreza a pesar de tener trabajo en el mercado laboral, una realidad que ha ido al alza en los últimos años. Resulta sintomático que un 25% de las 300 familias atendidas en Cataluña por la Fundación Foment de l’Habitatge Social de Cáritas tuviera trabajo formal, según recoge su memoria anual.
La tasa de riesgo de pobreza laboral en Catalunya ha crecido desde el 2008, del 8,6% al 12,2%. Entre las mujeres, es medio punto superior. Si miramos el conjunto del Estado, el riesgo de pobreza laboral es similar (12,5%), mientras que la media europea no llega al 9%.
La insuficiente vivienda social para afrontar la creciente exclusión habitacional, las entidades sociales advierten de que el número de personas y familias con inseguridad residencial, infravivienda y otras formas de exclusión residencial se ha disparado.
El parque de alquiler social representa un 2% del total de viviendas. Para alcanzar los niveles europeos (18%), Cataluña debería incrementarlo con 440.000 viviendas, según datos del Observatori DESC. Calculándolo según la demanda insatisfecha de vivienda asequible, la cantidad de pisos de alquiler social necesarios sería de 230.000. La Taula del Tercer Sector recuerda que no es una medida imposible a corto plazo, ya que se calcula que hay 450.000 pisos vacíos en Cataluña.
La Taula del Tercer Sector de Catalunya, que agrupa a casi 3.000 entidades sociales, ha denunciado "una cronificación" de la pobreza en Catalunya. Las entidades sociales han denunciado en múltiples ocasiones que "la recuperación económica no se está reflejando para todas las capas de la sociedad" y que "las situaciones de pobreza castigan más a las mujeres que a los hombres". Mientras la media de ingresos aumenta para la población en general, hay más personas en situación de pobreza que en el 2015, aproximadamente 1,4 millones de personas.
Así nació la RENTA GARANTIZADA CIUDADANA. Después de 6 años de lucha de diferentes colectivos y entidades sociales se hizo realidad y el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en el Pleno del 12 de Julio del 2017.
La Iniciativa Legislativa Popular que promovió esta Ley, después de recoger más de 121 mil firmas. Obtener el soporte de 72 entidades sociales, cívicas, y políticas. La aprobación de 52 mociones de los ayuntamientos representativos de las principales ciudades de Catalunya, y después de innumerables esfuerzos y movilizaciones a lo largo de seis años, se había cumplido un objetivo: Garantizar un derecho elemental para toda la ciudadanía de Catalunya. Un gran paso para conseguir la cohesión social. Un derecho fundamental para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad reconocido en el artículo 24.3 del Estatut de Autonomía.
En la primera fase de implementación de la Ley a partir del 15 de Septiembre del 2017 todas las personas y familias que percibían el denominado PIRMI (Renta Mínima de Inserción) pasaron automáticamente a beneficiarse de la RGC, y los que percibían complementos de pensiones no contributivas tuvieron un incremento del complemento hasta llegar al umbral de la RGC establecida para el 2017.
En estos momentos hay más de 75.000 solicitudes en trámite. Se están resolviendo favorablemente el 1,7% de ellas, el resto están siendo rechazadas o dilatadas en el tiempo por motivos ajenos al perfil solicitado para su aprobación.
El último informe del Síndic de Greuges de Catalunya destaca que hay retrasos muy importantes en la resolución de solicitudes de la prestación, que "a la práctica, sólo se aprueban casos extremos", que no se ha cuantificado la deuda de la Generalitat con las personas receptoras que no han recibido prestaciones de los años 2011, 2012 y 2013, ni las personas y unidades familiares afectadas. Según denunció a principios de año la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya, hay 34.000 familias con hijos e hijas o personas dependientes a cargo sin ingresos.
La gestión de las nuevas solicitudes de prestación de la RGC, con más de 75 mil citas previas hasta Febrero del 2018, ha dado lugar a graves incumplimientos por el Departament de Treball, Afers Socials i Families, en la aplicación de la Ley de la RGC.
Ante la situación que está dando lugar el Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat de Catalunya, entorpeciendo y negando este derecho conquistado para recuperar la dignidad de miles de familias en Catalunya, y que no tiene nada que ver con la aplicación del 155, denunciamos públicamente esta situación que está llevando a muchos hombres, mujeres y niños catalanes a condiciones de vida miserables y vamos a proceder a todas aquellas acciones de movilización necesarias para revertir esta situación en favor de las víctimas de este sistema capitalista injusto e indecente.
* El autor es portavoz de Colectivo de Parados +50 años de Terrassa. Miembro de la Coordinadora del Moviment per unes Pensions Dignes
