El futuro del comercio está por definir, pero el sector tiene claro que las perspectivas de mejora pasan por la implantación de las Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), el equivalente a los distritos comerciales BiD (Business improvement Discrict) que desde hace años funcionan en Canadá, EEUU y Europa. Las ventajas de esta nueva fórmula de gestión, que la Generalitat tiene previsto regular por ley, de acuerdo con lo previsto en la nueva Llei de Comerç, centraron el lunes el último debate del ciclo “A Terrassa, parlem de comerç”, que tuvo lugar en la sala La Cúpula del Teatre Principal. En la sesión de cláusura participaron el Muntsa Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, Isaac Albert, diputado provincial de Comerç de la Diputació de Barcelona y Amadeu Aguado, teniente de alcalde de Cultura, Innovación y Promoción de Ciudad.
Los comerciantes aprovecharon el turno de ruegos y preguntas para expresar su inquietud por el retraso en la regulación de las BIDs (APEU en Catalunya), áreas comerciales donde todos los agentes económicos pagan un tributo al Ayuntamiento, cuyo rendimiento se destina íntegramente a dinamizar la zona y mejorar los servicios. En las BIDs, comerciantes y municipios deciden colegiadamente el destino de los fondos, que gestiona la entidad comercial de manera autónoma.
Una oportunidad
“Llevamos 15 años oyendo hablar de la implantación de las BIDs y la administración habla, pero no hace nada”, comentó un portavoz del eje Terrassa Comerc. Las entidades ven en el nuevo instrumento una oportunidad para disponer de más recursos para dinamizar sus ejes comerciales y consolidar así la fidelidad de sus clientes. Actualmente, solo uno de cada tres establecimientos del centro de la ciudad está asociado a Terrassa Centre, que lleva años denunciando la nula colaboración de las grandes cadenas en las iniciativas del eje comercial, pese a beneficiarse de ellas.
Muntsa Vilalta explicó que el Govern tenia previsto presentar el proyecto de ley de las APEU (BIDs) en febrero de 2019, pero la iniciativa está en suspenso a la espera del nombramiento del nuevo Executiu.
Durante el debate, Isaac Albert y Amadeu Aguado advirtieron que “las BiDs pueden ser un paso adelante, pero no son la solución a los problemas del sector”. En este sentido, el diputado de Comerç de la Diputació advirtió de la ola especulativa que empieza a imperar en algunos ejes comerciales y la limitada capacidad de los municipios para frenar ese proceso. “El reto está en el ámbito de la planificación -dijo-. Los municipios deben recuperar los planes territoriales como herramienta de planificación porque las grandes empresas están negociando con las licencias. Se implantan al margen de la rentabilidad, porque en un año venderán la licencia a otra marca. El negocio esta en la licencia y el impacto en el territorio puede hacer saltar por los aires la planificación municipal”.
El teniente de alcalde Amadeu Aguado también reclamó “más competencias” para los municipios en materia comercial. “Somos la administración más próxima al territorio, responsable de la planificación y colaboradora directa con el sector”, dijo.
Encuestas
El político recordó que los municipios del Vallès Occidental han acordado pactar la política comercial de la zona y para ello han recurrido a la “ciencia estadística”, un estudio pormenorizado que permitirá establecer políticas de futuro en base a datos contrastados.
Durante el debate se abordó el reto que supone para el comercio en general, pero especialmente para las grandes marcas, el auge del e-comerç. Albert afirmó que las compras online están castigando especialmente a los grandes operadores y Muntsa Vilalta recordó la importancia de regular la fiscalidad y las externalidades de las ventas online, especialmente los puntos de entrega y los residuos que generan. “La ley dice que corresponde a los ayuntamientos ordenar y establecer esos puntos de entrega”.
En este sentido, Amadeu Aguado apuntó el agravio que supone para el comercio presencial el pago de las tasas de residuos, mientras “los operadores online llenan los contenedores”. “La ley -respondió la directora general Muntsa Vilalta-dice que este aspecto también deberán regularlo en el futuro los municipios”.
