El Supremo le ha dado diez días a la número 2 de ERC, Marta Rovira, para presentarse ante el tribunal y, si no lo hace, adjudicará al Estado los 60.000 euros de fianza que se le impusieron en febrero para que evitara ingresar en prisión.
El magistrado Pablo Llarena, que investiga el caso sobre el proceso catalán en el Supremo, citó el pasado 23 de marzo a diversos líderes independentistas, entre ellos a Marta Rovira, a quienes procesó y a quienes terminaría enviando a prisión preventiva ese mismo día. Rovira no se presentó, es decir, se fugó de la acción de la Justicia.
Ante esta circunstancia, la letrada de la Administración de Justicia en el Supremo ha dirigido un escrito a la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC), que avaló la fianza. En él le reclama que presente a Rovira antes de diez días hábiles y le informa de que, en caso contrario, el Estado se quedará con el dinero. Entre tanto, las fianzas depositadas por los otros imputados, los que entraron en prisión el pasado día 23, han sido devueltas a sus fiadores.En su escrito dirigido al avalista de Rovira, el tesorero de ANC Marcel Padrós, el Supremo recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 534 que “si al primer llamamiento judicial no compareciere el acusado o no justificare la imposibilidad de hacerlo, el secretario judicial señalará al fiador personal o al dueño de los bienes de cualquier clase dados en fianza el término de diez días para que presente al rebelde”. El siguiente artículo de la misma ley señala que “si el fiador personal o dueño de los bienes no presentare al rebelde en el término fijado se procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado”.
antecedentes
Marta Rovira, así como el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, y los exconsellers Josep Rull, Dolors Bassa y Raul Romeva y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han sido los últimos políticos investigados. Los cinco últimos fueron detenidos y encarcelados.
Rovira anunció quince minutos antes de que estuviera prevista su comparecencia que se iba al exilio. Lo hizo mediante una carta. En la misma explicó también que no acudiría al Tribunal Supremo y que se marchaba fuera de España. Ese mismo día, Llarena activó una orden nacional, europea e internacional de detención e ingreso en prisión. Rovira está procesada por un delito de rebelión por ser una de las organizadoras del referéndum del 1 de octubre, a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal de Justicia de Catalunya. Actualmente está en Suiza.w
