El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont continuará en prisión en Alemania mientras la justicia de este país está estudiando la orden de detención y entrega cursada por España. La decisión se produce después de que Puigdemont haya comparecido durante más de tres horas ante el tribunal de primera instancia de Schleswig-Holstein.
Tras la decisión de este juez de primera instancia, llegará el turno para la Fiscalía General. Este organismo, que tiene ya la documentación del caso y que trabaja en coordinación con la Fiscalía General española, analizará si existen los requisitos para una extradición a España. Para ello Alemania debe tener en su Código Penal un delito que tenga una correspondencia con el de la acusación contra Puigdemont.
Según la legislación por la que se rigen la OEDE, si el detenido acepta la extradición esta se produce en un plazo de 10 días. Si no, se abre un periodo de 60 días para que las autoridades estudien si los delitos que contiene la orden de detención están contemplados en sus leyes. Dispone de una prórroga de otros 30 días por "razones justificadas".
Cabe indicar que el código penal alemán recoge varios delitos contra su forma de Estado y su constitución. En el capítulo "Alta traición" castiga a quien "con violencia o por medio de amenaza de violencia" perjudicase la existencia de la República Federal Alemana o cambiar su orden constitucional. La pena en estos supuestos va de los 10 años a la "pena privativa de libertad de por vida".
Otro artículo castiga la Alta traición contra un estado federal, para quien con violencia o su amenaza intente "separar una parte del Estado". La pena en este caso es menor y va de uno a 10 años de prisión. En caso de que no haya violencia, las penas oscilan entre los seis meses y los cinco años de cárcel. Las leyes alemanas también recogen la posibilidad de que alguien solo haya preparado esas traiciones a la Federación o contra un estado federal. En el primer caso las penas van de uno a diez años, y en el segundo de un mes a cinco años de prisión.
La situación de Puig
En otro orden de cosas, la Fiscalía de Bruselas explicó este lunes que está en contacto con los abogados de los exconsellers catalanes desplazados a Bélgica -el terrassense Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret- y considera que no en este momento no existe riesgo de fuga, por lo que no les está buscando activamente.
El Ministerio Público ha confirmado en un comunicado que está en contacto con los abogados de los tres políticos independentistas y que estos les han transmitido que "sus clientes están a disposición de la justicia belga". "Por esa razón y dado que no existe un riesgo manifiesto de fuga, Serret, y Comín y Puig no son buscados activamente", han añadido.
Además, las autoridades belgas apuntan que se trata de un nuevo procedimiento y no de una continuación del de noviembre, que se inició cuando se emitieron las primeras órdenes de arresto.
El comunicado destaca también que ninguno de los tres exconsellers desplazados ha sido interrogado ni remitido a un juez de instrucción, algo que podría suceder "en un futuro cercano" que no ha entrado a "anticipar" en el texto.
