El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó ayer prisión incondicional para el candidato a la Presidencia del Govern, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell;y los exconsellers Raül Romeva, el egarense Josep Rull y Dolors Bassa al apreciar "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva".
Llarena tomó la decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que atendió la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox, que habían solicitado previamente prisión incondicional para todos ellos.
Se unirán así en la cárcel de Estremera (Madrid) al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Tras la interlocutoria de ayer, todos los procesados por el delito de rebelión están en prisión provisional salvo los cuatro que han eludido comparecer ante la Justicia abandonando el país: El expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ayer mismo informaba de su decisión, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.
Indicios racionales
El juez aprecia en su auto "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel.
Las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso, explica también el magistrado, son hoy indicios racionales. Así, Llarena entiende que, desde que acordó la libertad bajo fianza para los hoy encarcelados, se ha producido un cambio tras los autos de procesamiento de esta mañana, y es que los imputados se enfrentan ahora a una posibilidad cierta de graves penas.
En su auto, Llarena recoge las alegaciones de los abogados de los cinco encarcelados, señalando que el hecho de haber comparecido hoy demuestra que están dispuestos a hacerlo y "que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados" en relación a los fugados, especialmente tras la marcha ayer de Marta Rovira.
"El alegato es razonable" dice el juez, pero añade que ese peligro de fuga si puede sostenerse por elementos externos que podrían aparecer con "el propio desarrollo de la causa". Y este punto el magistrado sostiene que "lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados hace pensar en la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen".
A esto agrega que aunque han comparecido ante el juez "la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años". En cuanto a la renuncia al acta de diputado de varios implicados, como hicieron ayer Forcadell y Bassa, el magistrado señala que "ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención".
Igualmente, el juez se refiere también al libro blanco u hoja de ruta del procés como indicio de que los imputados "podrían retornar al anormal funcionamiento de las instituciones".
En cuanto a los derechos políticos de los procesados, la gravedad de los hechos y la previsión de retomar la actuación que contiene la hoja de ruta del procés "determinan que sus derechos políticos no muestren una preeminencia sobre los derechos que esta resolución preserva".
Los procesados fueron conducidos ayer inmediatamente a los calabozos de la Audiencia Nacional, donde se les realizó el registro penitenciario y desde allí fueron trasladados a las prisiones madrileñas de Alcalá y Estremera.
Procesados por rebelión
Por la mañana, el magistrado Pablo Llarena firmaba auto de procesamiento por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros, entre ellos el egarense Josep Rull, además de a los exresponsables de la Assemblea Nacional de Catalunya Jordi Sánchez y Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
No son procesados por ningún delito el expresidente Artur Mas, la coordinadora del PDdeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la AMI Neus Lloveras.
También ha procesado a los otros 5 exmiembros del Govern cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, el egarense Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers también les procesa por malversación.
