Mina d’Aigües de Terrassa solicita la mediación del Col·legi d’Advocats de Terrassa en el conflicto que el enfrenta con el Ayuntamiento en torno a la liquidación de la concesión, hoy prorrogada hasta la asunción por parte del Ayuntamiento de la gestión directa del servicio, que, por cierto, se calendarizó ayer. Probablemente sea este el último recurso que utiliza Mina para intentar llegar a acuerdos en su controversia con el Ayuntamiento.
La situación es ciertamente compleja. Por una parte, nos encontramos con dos partes muy alejadas en sus posicionamientos. Dicho de forma muy simplificada, Mina pretende alcanzar acuerdos en torno a una gestión mixta del suministro del agua en la ciudad e introducir en ese acuerdo el pago por la reversión de infraestructuras al Ayuntamiento, que no olvidemos que la empresa fija en unos 60 millones de euros y el Ayuntamiento, en el mejor de los casos para Mina, en no más de dos millones o dos millones y medio de euros. Seguro que entre los dos extremos habría un lugar de encuentro, otra cosa es que el Ayuntamiento esté interesado en llegar a ese lugar. Ese es precisamente el problema de la última propuesta de Mina.
La mediación es una fórmula alternativa de resolución de conflictos en la que las partes llegan a un acuerdo con la intervención de un tercero que guía las negociaciones. En este caso, el Ayuntamiento no tiene ninguna duda de que está haciendo lo correcto por lo que con toda seguridad no tendrá ninguna intención de acudir a una mediación, porque no ve conflicto que solucionar. Es decir, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de gestionar el suministro de agua directamente y prescindir de los servicios de Mina. En esa decisión se incluye la controversia sobre el coste de la liquidación. Ese asunto está ya en los tribunales y el Ayuntamiento ha decidido que sea el tribunal de lo contencioso administrativo el que decida sobre ello. El contencioso implica un nivel de riesgo importante, aunque es cierto que para las dos partes, pues no sólo debemos tener en cuenta la cuantía de la reclamación, sino las costas y los intereses: un auténtico dineral. Por tanto, llegados a este extremo, el Ayuntamiento interpretará que no hay nada que mediar.
Otra cosa es que la relación entre Mina y Ayuntamiento se está deteriorando considerablemente y lo que podía ser una liquidación plácida se puede convertir en un episodio mucho más complicado.
