El número dos de JxCat Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la “legislación vigente”.
En un escrito, a que ha tenido acceso Efe, la defensa de Sànchez solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que lo deje en libertad provisional o le permita “acudir personalmente al debate de investidura” que, añade, está previsto para el próximo 12 de marzo, para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes.
La defensa, que se remite en su escrito al caso del etarra Juan Carlos Yoldi excarcelado por la Audiencia de Pamplona para acudir al debate sobre su investidura, recalca la “decidida voluntad” de Sànchez de “obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas”.
Según el escrito, la propia candidatura de Sànchez a la presidencia de la Generalitat “es una muestra evidente de la voluntad, no solo personal, sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido”.
En ese sentido, apunta la defensa que si Jordi Sànchez y el resto de miembros de su grupo hubieran querido “rebelarse violentamente, es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo a Puigdemont a la presidencia del gobierno autonómico”.
“Ciertamente, existe una abierta discrepancia respecto del criterio de la jurisdicción constitucional”, añade el escrito, que, sin embargo, precisa que “tal discrepancia se está vehiculando por medio de recursos judiciales y en ningún caso se está recurriendo a acciones violentas o tumultuarias (…)”.
Jordi Pina, abogado de Sànchez, reprocha asimismo al Supremo el “tratamiento radicalmente desigual” que ha dado a su cliente, un mero “líder de una asociación cívica”, con respecto a otros investigados por rebelión que son diputados, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, a la que dejó en libertad bajo fianza.
Por ese motivo, solicita al juez que aplique a Sànchez “las mismas razones” que le llevaron a dejar en libertad a otros imputados por rebelión, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, la propia expresidenta del Parlament Carme Forcadell o los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, y Dolors Bassa.
Pina elogia en su escrito la “independencia y coraje judicial” de la Audiencia de Pamplona cuando, en los 80, permitió al integrante de ETA José Yoldi acudir a la cámara vasca para el pleno de investidura en el que aspiraba ser elegido Lehendakari, sin éxito.
