Una información policial sacudió el marasmo estival a principios de agosto del 2010: el Cuerpo Nacional de Policía hizo pública la desarticulación de un grupo que concertaba matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros, previo pago de cientos de euros, a veces de miles, en una operación que concluyó con 123 detenciones en Catalunya, Madrid y Valencia. Los presuntos cabecillas de la trama estaban en Terrassa y en Rubí. Casi ocho años después de aquello, el número de implicados se ha reducido casi a la mitad. Son 63 los acusados en el escrito del Ministerio Fiscal que habla de delito de falsedad en documento oficial y de delito continuado de cohecho (soborno) en concurso real con un delito de falsedad. Un abogado terrassense, de origen colombiano, y una mujer que a la sazón era funcionaria del Registro Civil de Rubí son los principales encausados de un proceso al que seguramente le resten unos cuantos años antes del juicio, si es que se celebra.
Todos los detenidos salieron en libertad unas horas después de los arrestos. No será fácil citar a tantos acusados, si es que están todos en paradero conocido, ni a decenas de representantes legales, ni hallar un espacio adecuado para una vista oral con una multitud de participantes. De momento, ha trascendido el escrito de acusación que el Ministerio Fiscal redactó hace unas semanas y que pide seis años de prisión y multa de 192.210 euros para la exfuncionaria (auxiliar interina) del Registro Civil rubinense, acusada de aceptar sobornos (de cohecho) para regularizar matrimonios falsos. El fiscal reclama para la misma mujer otros seis años de cárcel (y una multa de 10.800 euros) por el delito continuado de falsedad documental. Y, entre una cosa y la otra, un total de dieciocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Para el abogado, que tenía despacho en Terrassa (en Ca n’Aurell) y en Madrid, la petición fiscal es de cinco años de prisión y 192.210 euros de multa por el cohecho y de tres años de prisión, con multa de 5.400 euros, por la falsedad documental. También de cohecho culpa la Fiscalía a tres presuntos colaboradores de los principales imputados, para quienes solicita tres años de prisión y 64.070 euros de multa; y los considera también autores de falsedad en documento, por lo que pide un año y seis meses más de cárcel y una sanción económica de 3.600 euros.
Para conseguir papeles
El resto de acusados, 58, lo son de la falsedad y en sus casos el fiscal reclama tres años de cárcel y 5.400 euros de multa. Se trata de los contrayentes, de las parejas que supuestamente se casaron para que uno de los dos tuviese más fácil hacerse con el permiso de residencia.
Dice la acusación que la funcionaria, el abogado terrassense y sus colaboradores presuntos idearon una trama para dar "apariencia de veracidad y de legalidad a diversos expedientes matrimoniales y expedientes de filiación". Y dice que el letrado contactaba, de manera directa o mediante intermediarios, con extranjeros, tanto en su oficina de Terrassa como en la de Rubí, y les ofrecía sus servicios "para la rápida tramitación de expedientes matrimoniales" que a veces acababan con la celebración de un enlace; otras veces no había casamiento, ni en los juzgados ni en ningún ayuntamiento. A cambio de cada servicio el acusado obtenía entre trescientos y 5.000 euros, asegura el fiscal. El dinero, añade, se ingresaba en cuentas de la funcionaria.
El fiscal habla de una actuación consistente, "en numerosas ocasiones", en dar "apariencia de legalidad" a matrimonios "totalmente inexistentes entre clientes de la asesoría". La funcionaria anotaba "datos inveraces" en el libro de matrimonios, rellenaba certificados y libros de familia. En otros casos, el grupo "agilizaba" expedientes matrimoniales prescindiendo de trámites o documentación preceptiva, logrando así los interesados la documentación no veraz o incorrecta que les podía abrir la puerta a regularizar su situación como residentes en España. Ya podían optar a tener "papeles".
Algunos de los enlaces no constaban en los libros de familia con el correspondiente expediente matrimonial ni estaban inscritos en el Registro Civil, asegura el fiscal, que refiere una serie de supuestas irregularidades confirmadas por el letrado de la Administración de Justicia: ausencia de datos de domicilios y de certificados relativos al estado civil de los contrayentes, falsificación de certificados de empadronamiento, testigos que habían figurado como contrayentes en otros matrimonios investigados, corto periodo de tiempo transcurrido entre la solicitud de autorización de matrimonio y la celebración del enlace… La tramitación administrativa para conseguir papeles para regularizar la situación de los extranjeros quedaba viciada, según la acusación pública.
Hubo matrimonios entre hombre y mujer, pero también entre varones. La ley del 2005 ya permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un colombiano se casó con un alemán en mayo del 2009 en presencia del abogado, que percibió 1.300 euros por el servicio, siempre según el fiscal. Dos semanas después la pareja tenía el libro de familia "sin necesidad de acudir al Registro Civil". En tal registro no estaba inscrita la boda.
Enlace en el 2008
Y se casaron, representa, sin que hubiese ceremonia, un español y una colombiana, y una española y un cubano en el 2008, y otro nacional y una dominicana, y un español y un peruano. Y así, hasta 77 casos, que ese es el número de supuestos enlaces fraudulentos citados por el fiscal. Varios asuntos son de hace una década, del 2008.
La Justicia dirá si las pruebas aportadas por el Ministerio Público son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, si todos sabían lo que se cocía entre asesorías y Registro Civil, si conocían la ilicitud de esos casamientos considerados de pega.
Eso se dirimirá en mucho tiempo. Fuentes jurídicas apuntan que el juicio, si se celebra, podría ser señalado dentro de "tres o cuatro años" como mínimo, a tenor de la envergadura del procedimiento, la cantidad de partes implicadas y los obstáculos para citarlas a todas. Las mismas fuentes apuntan que el presunto capitoste de la trama está en paradero desconocido. Se antoja complejo poner fin a un proceso farragoso de más de doce mil folios y en el que áun quedan por resolver varios recursos.
