La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela imputó ayer al exdirector de los Mossos d’Esquadra, el terrassense Pere Soler, y al ex secretario general de Interior Cèsar Puig en relación con la actuación de la policía autonómica en el referéndum del 1 de octubre. Soler era jefe del mayor Josep Lluís Trapero y Puig ejercía de segundo del exconseller Joaquim Forn.
La magistrada, que ha citado a ambos para el próximo 9 de marzo, adoptó la decisión en un auto a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que la pasada semana le pidió ampliar la investigación por la inactividad de los mossos el 1-O a estos dos exaltos cargos.
Si bien la juez no precisa el delito por el que les llama a declarar como investigados, indica que "tales hechos pudieran ser constitutivos de delito" y por ello les cita en el marco de la causa abierta por sedición en la que ya investiga a Trapero, que ha declarado tres veces ante Lamela y tiene impuestas medidas cautelares como la prohibición de salir de España, y a la intendente Teresa Laplana.
En el auto de citación, la juez acuerda también levantar el secreto de sumario de la pieza en la que se investiga el intento de los mossos de destruir pruebas quemándolas en una incineradora, y decide enviar al TSJC, como pedía la Fiscalía, la parte correspondiente a la vertiente política de estas actuaciones y que afecta al CESICAT, "pretendido CNI catalán".
El fiscal pidió ampliar la imputación a Soler y Puig por su "decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento" que hasta ahora se había ceñido al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre.
Inacción
La Fiscalía cree que la inacción de los mossos "siguió la pauta anunciada previa y públicamente" por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler y Cèsar Puig, contando con el apoyo de Trapero.
El viernes la juez tomó declaración por tercera vez a Trapero y lo dejó en libertad con las mismas medidas cautelares que le había impuesto, pese a que la Fiscalía pidió una fianza de 50.000 euros por la imputación de un segundo delito de sedición por el 1-0 y el riesgo de destrucción de pruebas. La Fiscalía motivó su petición en dos reuniones que mantuvo el 26 y el 28 de septiembre Trapero con el expresidente Carles Puigdemont, Joaquim Forn y Oriol Junqueras de cara al referéndum y que ocultó en sus anteriores declaraciones, extremo que su defensa negó.
