Una semana después de que lo hiciera la concesionaria Mina, el Ayuntamiento de Terrassa hace balance de los primeros cinco años de la implantación de la tarifa social del agua, que arrancó el 9 de febrero de 2013. La administración local fue entonces pionera en política social del agua creando una tarifa para las familias más vulnerables y para las personas que sufren los efectos de la crisis económica. También acordando con Mina un protocolo para evitar los cortes de suministro. Desde entonces, se han beneficiado de la tarifa social 4 mil unidades familiares en la ciudad.
Reducción
La tarifa social reduce en un 90% los dos primeros tramos de consumo a los usuarios que han cursado solicitud a Servicios Sociales, donde se estudia caso por caso.
La cifra de beneficiaros ha crecido cada año. En 2013 fueron 495 familias, en 2014 llegaron a las 1.021, en 2015 fueron 1.755, en 2016 se beneficiaron 2.582 y el año pasado la cifra alcanzó los 2.765 hogares. El importe económico destinado a las bonificaciones durante los cinco años de vigencia de la tarifa social es de 278.217 euros.
La medida se implantó en 2013 para la población en situación de vulnerabilidad, especialmente los desempleados. En 2014 se amplió a los pensionistas sin recursos y en 2015 se modificaron de nuevo los requisitos, aumentando el tope máximo de la renta familiar.
El Ayuntamiento complementa la tarifa social del agua con ayudas de emergencia social a las familias más vulnerables que no pueden cubrir el coste del servicio y que bonifica el total del recibo. En 2017 se han concedido 448 ayudas de emergencia por un importe de 45.581 euros.
