En el expediente abierto a Cecot, presidida por Antoni Abad, Foment incluía básicamente dos puntos en los que la actuación de la patronal vallesana habría sobrepasado los estatutos como miembro de la patronal catalana al adoptar decisiones unilaterales que trascienden de su ámbito territorial sin contar previamente con la coordinación con la entidad catalana. Uno de los puntos de conflicto fue la carta que envió Cecot al ministro de Economía, Luis de Guindos, en la que expresaba su oposición al decreto aprobado en octubre que facilitaba a las empresas el cambio de sede sin pasar por la junta de accionistas, si no había una constancia en los estatutos de la compañía expresamente en contra de esta posibilidad. En sus alegaciones, Cecot considera que no se saltó los estatutos de Foment, porque la iniciativa la presentó previamente en la junta directiva de Fepime y así consta incluso en las actas de esta entidad. El segundo elemento de fricción fue la integración de Cecot en la Taula per la Democràcia, un colectivo creado tras la jornada de referéndum del 1-O en protesta por la actuación policial en aquella jornada y que convocó un paro de país el día 3 de octubre, al que no se sumó Foment. En este caso, según El Periódico, Cecot alegó que tampoco se saltó los estatutos porque en este organismo estaban incluidos otras patronales y los sindicatos, hasta alcanzar el medio centenar. Y, además, la patronal vallesana pidió a los promotores que ofreciesen la entrada a Foment, que lo rechazó.
