"No vamos a tirar la toalla. El Jabac no desaparecerá." Así de rotundo se manifestó el presidente de la UFB Jabac i Terrassa, Carles Mota, en el transcurso del acto que la entidad convocó el jueves con el fin de explicar a los padres de sus futbolistas el conflicto existente con el Ayuntamiento en los últimos años. Un problema derivado del recorrido judicial iniciado después de la imposición de un canon económico por la explotación de los terrenos de Las Palmeras a la Fundació Terrassa FC, de la que forma parte el Jabac. Los responsables del club han alertado en los últimos meses sobre las consecuencias que para su actividad pueden tener las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento, fundamentalmente los embargos que pesan sobre las cuentas de la Fundació después de una primera sentencia judicial en favor de la decisión municipal.
Mota hizo un recorrido por el largo proceso de relación de la Fundació con el Ayuntamiento desde que en el año 2000 se hizo la primera concesión de los terrenos de Las Palmeras, donde se construyeron posteriormente campos de fútbol y el complejo deportivo Terrassasports. Una inversión de siete millones de euros que corrió a cargo de Guillermo Cabello, presidente entonces de la Fundació y del Terrassa FC. El conflicto se originó cuando se produjo la ruptura entre las dos entidades y la administración municipal impuso un canon por la explotación comercial de los terrenos de titularidad municipal. La Fundació, en desacuerdo con la modificación de las condiciones de la concesión, interpuso un recurso.
Críticas a Alfredo Vega
Mota se mostró especialmente duro con el papel que ha jugado el actual alcalde y anterior concejal de Deportes, Alfredo Vega. "Han querido dárselo todo al Terrassa FC y han utilizado todas las herramientas posibles, una política de desgaste", señaló en relación a las actuaciones de la administración municipal. "Pero se han encontrado con dos huesos, Guillermo Cabello y Carles Mota."
Pendientes de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al recurso presentado por la Fundació tras la primera sentencia favorable al Ayuntamiento, Mota dijo que no iban a desfallecer. "Seguiremos hasta el final. Pienso que vamos a ganar ese recurso y si es así tendrán que devolvernos mucho dinero. Pero si perdemos, esto no va a desaparecer."
El presidente del Jabac hizo una defensa de su gestión. "La gente puede pensar, viendo lo que dice el Ayuntamiento, que nos quedamos el dinero. Y esa sensación me provoca tristeza. Porque yo no me lo merezco. He dado la vida por el fútbol de la ciudad, ayudé al Terrassa cuando me lo pidieron y me echaron por intereses, porque el señor Vega tenía amistad con algunas personas."
En su relato del proceso que ha conducido al conflicto actual, Carles Mota tuvo especial interés en responder a algunos de los puntos expuestos esta semana por el equipo de gobierno municipal en un comunicado de prensa. Uno de ellos hacía referencia a la sugerencia del Ayuntamiento de que el Jabac dejase la Fundació para quedar al margen del proceso judicial y sus consecuencias. "El Jabac no se puede separar de la Fundació porque es Fundació", dijo en relación a este asunto. "Es imposible que nos separemos. El Ayuntamiento lo dice para crear malosentendidos." Mota recordó que en el proceso de fusión del fútbol base del Terrassa y del Jabac, la Fundació compró los derechos de este segundo club. "Conservamos la marca Jabac con el fin de preservar una entidad histórica en la ciudad." Además, Mota señaló que en un futuro a corto plazo es posible que se cambie el nombre de la Fundació, que pasaría a denominarse Fundació Jabac.
El Ayuntamiento también señaló que una de las razones de la situación económica de la Fundació sería la reducción injustificada del alquiler que paga la empresa Terrassasports a la Fundació por la explotación del centro. Un alquiler que ha pasado de 60.000 euros en un primer momento a 5.000. Mota detalló que las cantidades han ido variando en el tiempo por distintos motivos: amortización de la deuda, reducción de socios por la crisis ecoómica o garantía para el pago de los suministros. "El señor Cabello perdió propiedades privadas con el fin de garantizar la continuidad del gimnasio y del fútbol", explicó.
La nueva etapa
La ruptura entre la UFB Jabac i Terrassa y el Terrassa FC en 2010 sigue siendo uno de los aspectos más problemáticos del proceso. Una separación que derivó en la nulidad de la concesión de la gestión del Camp Olímpic y en el cambio de las condiciones de cesión del terreno de Las Palmeras con la imposición de un canon de 24.735 euros mensuales al considerar que la Fundació no cumplía con su obligación de destinar recursos al Terrassa FC, finalidad que la administración municipal señala como la prioritaria al llevar adelante este proyecto.
Mota recordó que cuando Guillermo Cabello dejó el Terrassa FC SAD, su interés era repartir sus acciones entre los socios. Pero que el interés del grupo de personas que colaboraban con él en el club le hizo cambiar de opinión. "Los nuevos dueños fueron quienes insistieron en acudir a la ley concursal cuando la deuda era de 2,7 millones y el pago a la Seguridad Social y a Hacienda estaba pactado a un plazo de siete años", señaló. "Esas personas provocaron la liquidación y la desaparición del club. Después, el Ayuntamiento nos echó y obligó a la nueva sociedad propietaria del Terrassa a crear un nuevo fútbol base."
Mota rebatió que la Fundació hubiese estado destinando entre 250.000 y 300.000 euros al Terrassa FC durante los tiempos de presidencia compartida de las dos entidades por parte de Guillermo Cabello. "No es verdad. La Fundació como tal daba una cantidad mucho menor, de unos 50 o 60.000 euros al año. El resto procedía de la subvención que el mismo Ayuntamiento daba a la Fundació para financiar al Terrassa FC, porque no podía hacerlo de forma directa al tratarse de una sociedad anónima." En ese punto, Mota volvió a cargar contra Alfredo Vega. "¿Me está diciendo que estábamos robando? Él firmaba los documentos y ahora dice que ese dinero lo dábamos nosotros."
El presidente del Jabac también negó la falta de voluntad negociadora denunciada por el Ayuntamiento. "Cuando alguien cambia las normas lo que debe hacer es pagar y nosotros nos marchamos. Pero no han querido hacerlo nunca, nos lo quieren quitar. Nosotros no podemos pagar y nos defendemos".
