La Fiscalía pedirá medidas cautelares sobre la situación personal de los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y a su hija Gemma, así como para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, lo que podría comportar su ingreso en prisión a la espera de que la sentencia sea firme.
En un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción expresa su “satisfacción” por la condena por el expolio del Palau y anuncia que pedirá a la Audiencia de Barcelona que convoque una vista para decidir las medidas “oportunas” sobre la situación personal de los principales acusados, “a la vista de las elevadas penas impuestas” por el tribunal.
La sección décima de la Audiencia de Barcelona ha condenado hoy a penas de nueve años y ocho meses de cárcel a Fèlix Millet, siete años y seis meses a Jordi Montull, cuatro y seis meses a su hija Gemma, exdirectora financiera del Palau, y cuatro años y cinco meses a Osàcar.
En opinión del ministerio público, la sentencia “acoge las principales tesis planteadas” por la Fiscalía a lo largo del juicio y “atiende las peticiones de resarcimiento expuestas en su escrito de conclusiones”.
La Fiscalía avanza en su escrito que pedirá que los cuatro principales condenados comparezcan ante el tribunal que los ha juzgado, con el fin de plantear las medidas cautelares que considere oportunas para garantizar que no eludan la acción de la justicia mientras el Supremo resuelve sobre los recursos que las defensas han anunciado que presentarán.
La medidas cautelares podrían acarrear el ingreso en prisión de los condenados, que nunca llegaron a ser encarcelados preventivamente por este caso, o comparecencias ante el juzgado más asiduas que las que le impuso el juez instructor tras tomarles declaración.
Millet y Montull tienen el pasaporte retirado y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado desde que en octubre de 2009 prestaron declaración ante el juez instructor Juli Solaz.
El magistrado dejó en libertad a Gemma Montull sin imponerle ninguna medida cautelar, pero la Audiencia de Barcelona rectificó posteriormente y le fijó una fianza de 500.000 euros, además de la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente.
Por su parte, el extesorero de CDC declaró en 2011 como investigado ante el juez instructor, sin que la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones solicitara medida cautelar alguna para él.
