Que las relaciones entre el alcalde de Vacarisses, el republicano Antoni Masana, y el juez de paz sustituto, Juan Antonio Gómez, no son buenas es un secreto a voces en el municipio. Un mal entendimiento que incluso ha llegado a la Justicia, después de que el primer edil presentase una queja ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) afirmando que el juez de paz sustituto, que ejerce el cargo desde abril de 2015, "ha realizado acciones (dirigidas al alcalde) que pueden ser constitutivas de infracción", dando a entender que hizo uso de su cargo para "censurar" algunos aspectos de su gestión.
Sin embargo, la queja del primer edil no prosperó y fue archivada, sin que se le abriese expediente disciplinario al juez de paz sustituto. Así, la Justicia resolvió que las críticas o iniciativas que efectuó Juan Antonio Gómez contra algunos aspectos de la gestión de Masana las llevó a cabo en calidad de vecino y no haciéndose valer de su cargo de juez de paz sustituto.
"Un simple ciudadano"
La queja del alcalde fue admitida a trámite por el TSJC, que también recogió las alegaciones presentadas por el juez de paz sustituto. El órgano judicial envió el expediente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que resolvió el pasado mes de octubre archivar la diligencia informativa y no abrir expediente al juez de paz sustituto. Dice el CGPJ que "no se aprecia la comisión de falta" por parte de Gómez ya que "sus manifestaciones deben entenderse que están formuladas como simple ciudadano y no en su condición de juez de paz sustituto".
Entre las quejas vertidas por Masana en su escrito, afirma que Gómez manifestó "su insatisfacción" con un acto institucional del Ayuntamiento, en referencia a la celebración del Onze de Setembre de 2016; reclamó "una rápida actuación" por parte de la Policía Local y el equipo de gobierno en relación a unas fincas ocupadas, advirtiendo que, de lo contrario, el vecindario creará "patrullas y hará justicia" y recogió firmas al respecto, y notificó su rechazo a la puesta en marcha de una isla de peatones en el núcleo urbano.
Dice el alcalde en su escrito de queja que el juez de paz sustituto también realizó publicaciones en las redes sociales "criticando las actuaciones realizadas por el Consistorio", y que Gómez pidió además al primer edil que se disculpase por un comentario realizado en un pleno de noviembre de 2016. Al parecer, en ese pleno, Masana dijo que el juez de paz sustituto "solía ir a su despacho para que le sacase una multa a un vecino", según consta en la documentación que el primer edil adjunta en el expediente.
En su resolución, el Consejo General del Poder Judicial afirma, en relación a todas las quejas presentadas por el alcalde, que ninguna de las manifestaciones de Juan Antonio Gómez las hizo en calidad de juez de paz sustituto, sino "como un simple ciudadano".
Disputa
Únicamente la instancia que presentó Gómez en enero de 2017 pidiendo al alcalde que se disculpase por los comentarios que hizo hacia su persona en el pleno municipal de noviembre de 2016 la firma como juez de paz sustituto.
Al respecto, el CGPJ señala que "la mención" por parte del juez de paz sustituto de su cargo en esa instancia "puede inducir a error en cuanto a si estamos en presencia de una auténtica infracción disciplinaria". Sin embargo, "al situarnos en el verdadero contexto en el que se vertieron sus manifestaciones (en la instancia) hay dos circunstancias que excluyen tal posibilidad", añade el órgano judicial. Y las detalla. Por un lado, con esa instancia Gómez contestaba "a unas imputaciones previas realizadas por el alcalde" en el pleno, y por otro, esas imputaciones del primer edil "tienen su origen en una serie de escritos y peticiones que Gómez hizo como particular", que a su vez fueron "generadores de la disputa" entre ambos.
