La Audiencia de Barcelona notificará el próximo 15 de enero la sentencia del “caso Palau”, una macrocausa que se enjuició hasta junio pasado y en la que la Fiscalía pide 14 años de cárcel para el saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet y ocho para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes el próximo 15 de enero a las 9.30 horas, en la sala de vistas número 2 del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia, para entregarles la sentencia en mano y de forma simultánea.
La resolución judicial por este caso, en el que CDC figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del expolio del Palau, llegará de esta forma una vez celebradas las elecciones catalanas del pasado 21-D y a dos días de la constitución del Parlament, prevista para el 17 de enero.
La sentencia llegará ocho años y medio después de que los Mossos d’Esquadra irrumpieran, el 23 de julio de 2009, en el Palau de la Música, un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, en un caso que puso bajo la lupa la financiación de CDC.
Un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer -hasta los más de 30 millones de euros-, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.
Durante el juicio, que empezó en marzo pasado, los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull aseguraron que durante su mandato hicieron llegar a Convergència Democràtica, a través del Palau de la Música, comisiones del 4% de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol.
Dado el volumen de la sentencia, a los acusados se les facilitará en mano y en papel el fallo de la sentencia, mientras que las partes y los abogados recibirán el documento íntegro grabado en un CD, según el TSJC.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal redujo la petición de penas de los principales acusados del saqueo de la institución cultural, Fèlix Millet y Jordi Montull, al reconocerles las atenuantes de disminución del daño y de confesión, por haber admitido en sus declaraciones ante el tribunal que el Palau hizo llegar a CDC comisiones del 4% procedentes de Ferrovial.
De esa forma, Millet y Montull, para quien la Fiscalía pedía inicialmente penas de 27 años y medio de cárcel, afrontan una petición fiscal de 14 años y nueve meses y de 10 años y diez meses, respectivamente.
Para Gemma Montull, exdirectora del Palau de la Música que afrontaban 26 años de cárcel, el ministerio público solicita tres años de prisión -uno de ellos sustituible por multa, lo que le permitirá eludir el ingreso en cárcel-, tal y como había pactado con la Fiscalía su defensa, la primera en buscar un pacto a cambio de incriminar a CDC.
Por el contrario, el ministerio público elevó tras el juicio su petición de condena a los exdirectivos de la constructora Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que se exponen a cinco años, así como al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta ocho años de cárcel por su supuesto papel clave en el cobro de las comisiones.
En su declaración ante la sección décima de la Audiencia de Barcelona que juzgó el expolio, estos tres acusados negaron la presunta trama de pago de comisiones de Ferrovial para que el gobierno catalán adjudicara a la constructora obras públicas, como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del metro.
El ministerio público también reclama el decomiso de 6,6 millones de euros a CDC como responsable civil a título lucrativo del millonario expolio de la entidad cultural, por el que tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial.
Además, el fiscal Anticorrupción, que presentó su primer escrito de calificación del caso cuando CDC aún no se había reconvertido en PDeCAT, pide en sus conclusiones que el decomiso se aplique a dicha formación política “o a la que la haya sucedido”.
