Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en Rubí a un estafador que se dedicaba a comercializar material de construcción a través de Internet. Mediante la inserción de anuncios en dos páginas web creadas por él mismo comercializaba productos especializados que casi nunca llegaban a los compradores, llegando a consumar un total de 40 estafas que le reportaron un beneficio de unos 42.000 euros.
De las diversas denuncias y documentos analizados, así como transmisiones económicas verificadas durante las investigaciones llevadas a cabo, se comprobó la existencia de una persona con alta cualificación en el conocimiento técnico del material que está vendiendo, y que había trabajado con anterioridad en empresas del ramo así como un nivel elevado de conocimientos informáticos. Esto le permitió crear sus propias páginas web para la venta de productos, así como crear diversos tipos de facturas proforma y venta, teniendo inscrita una de las empresas en el Registro Mercantil Central.
Una vez realizado el ingreso por parte de las víctimas mediante transferencia bancaria, el envío del producto casi nunca llega a producirse alegando éste problemas de "stockage", de logística, de incumplimiento de plazos por parte de proveedores o administrativos para prolongar en el tiempo su reclamación. Para que desistieran en sus pretensiones, y sólo cuando tenía conocimiento que le habían denunciado, se ponía en contacto con las víctimas para devolverle la cantidad de dinero abonada o remitirle el producto adquirido.
Cita en el juzgado
Este proceder lo empleaba cuando era citado por el juzgado correspondiente a la vista previa; él mismo o a través de su abogado, presentaba justificante de haber hecho ya la devolución del dinero o haber entregado el material al denunciante, provocando de esta manera el sobreseimiento de las actuaciones penales o bien pasando a ser un proceso civil por incumplimiento de contrato, enervando de esta forma su responsabilidad de tipo penal. El ahora detenido veía incrementada la eficacia de la acción conjunta, las posibilidades de eludir su persecución y lograr una mayor impunidad, al repartirse las causas en multitud de juzgados, detectándose 42 denuncias, cuyo importe total supera los 42.000 euros estafados. En el momento de la detención le constaban 3 requisitorias judiciales interesando su localización por hechos similares a los investigados. Entre las numerosas gestiones llevadas a cabo, se practicó una entrada y registro en el domicilio y oficina a la vez del investigado, donde se intervino un equipo completo de informática y numerosa documentación de facturación y clientes, así como un disco duro conteniendo toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
Las numerosas denuncias a lo largo de todo el territorio nacional, en el que se daba el mismo "modus operandi", dio lugar la creación de un "Equipo Conjunto de Investigación" integrado por agentes de ambos cuerpo policiales.
