La Guardia Civil registró ayer la sede de la empresa postal Unipost en L’Hospitalet de Llobregat y detuvo a su director general, Pau Raventós, en el marco de la investigación sobre los preparativos del referéndum del 1-O que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Según precisaron fuentes próximas a la investigación, además de la sede central de Unipost, también se registró la sede social de la empresa, en la calle Mallorca de Barcelona, y un domicilio.
El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil ya se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Catalunya, una de ellas en Terrassa.
A principios de este mes, el titular del juzgado número 13 solicitó información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobres y gastos de envío a cargo de la empresa Unipost.
Así, agentes de la Guardia Civil ya se incautaron de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum de independencia del 1 de octubre unos días antes de la consulta, el pasado 19 de septiembre en la sede de la empresa en Terrassa. En aquella ocasión encontraron 45 mil notificaciones para las mesas electorales para la consulta y buscaban tarjetas censales. Aquel día ser investigaron otras sedes de la empresa. También entraron de madrugada en la sede de Unipost de L’Hospitalet de Llobregat, junto a la Fira de Barcelona, o en las de Manresa, Barcelona y Tarragona. En aquella ocasión no se llevaron documentación.
En aquella ocasión el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales. La Generalitat anunció el día de la votación del 1-O que utilizaría un censo universal, de forma que cada ciudadano pudiese votar en el colegio que estimara oportuno.
Con posterioridad al 1-O, Unipost, presentó el 11 de octubre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectaba a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica que atravesaba.
El Govern ya usó Unipost para el buzoneo de la consulta del 9-N en 2014, motivo por el que la empresa fue requerida por la Fiscalía Superior de Catalunya en el marco de la investigación sobre los preparativos de esa consulta. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda de la consulta del 9N.
