La Justicia belga retiró ayer, a petición de las autoridades españolas, la solicitud de extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica, confirmó el entorno de los políticos independentistas. Puigdemont, junto a Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, están investigados por por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación.
La Audiencia solicitó cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega, pero el caso pasó luego al Supremo, que decidió retirarlas, petición que recogió la Fiscalía belga y trasladó al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que ayer cerró el expediente en Bélgica.
El Ministerio Público belga ya había informado cuando el Supremo pidió retirar las peticiones de extradición que el cierre del caso era una formalidad ya que el juez solo podría tomar nota y "constatar que el caso se ha vuelto irrelevante".
Junto a la retirada de las euroórdenes, las autoridades judiciales españolas también anularon las órdenes de búsqueda y captura internacional contra los cinco políticos secesionistas fugados, por lo que actualmente sólo se les reclama dentro del territorio español.
Declaración
La Audiencia Nacional se ocupó inicialmente del caso y dado que los investigados no asistieron a la declaración ante el juez fijada para el pasado 2 de noviembre, ese mismo día trasladó las euroórdenes a Bélgica, a donde se habían trasladado días antes los cinco políticos mencionados.
Pero el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional de mayor rango en España y encargado de todas las causas relacionadas con el proceso separatista catalán, asumió el caso de Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Serret el pasado 24 de noviembre. A continuación, el magistrado de ese tribunal encargado del caso, Pablo Llarena, solicitó a Bélgica que retirase las euroórdenes.