El Consejo de Ministros ha confirmado hoy el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cumplido el trámite de su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
Con ello, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el Ejecutivo ha culminado el proceso de designación de Sánchez Melgar.
El nuevo fiscal dejó claro el pasado martes, en su examen ante la Comisión de Justicia del Congreso, que el Ministerio Público responderá de forma “serena y firme pero proporcionada” en caso de que “se reiteren actos de desobediencia a los tribunales o de desprecio a la Constitución” en Cataluña.
“No alcanzamos a comprender por qué ha de cumplirse la ley en una parte del territorio del Estado y no en otra”, aseveró el fiscal, quien se comprometió a “practicar una defensa activa de la España constitucional”, como es la “obligación de la Fiscalía”.
Julián Sánchez Melgar es un penalista conservador que formó parte de la Sala que admitió la querella por el “procés” independentista en Cataluña.
De este modo, Melgar (Palencia, 1955) representa una línea continuista sobre el fallecido José Manuel Maza, su predecesor: respetado experto penalista, conservador, cercano al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y de talante favorable al diálogo y personalidad accesible.
Formaba parte, junto a otros cinco magistrados, de la sala que admitió a trámite la querella que el fallecido fiscal general presentó contra la Mesa del Parlamento de Cataluña.
El magistrado, que tras una serie de recientes jubilaciones era uno de los más veteranos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, fue ponente de la llamada “Doctrina Parot”, una jurisprudencia que hizo posible el cumplimiento íntegro de las condenas para miembros de ETA.
Sánchez Melgar tiene acreditados casi 35 años de servicios prestados en la carrera judicial, en la que ha ocupado destinos en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, en Juzgados de Reinosa, Miranda de Ebro, Mataró y Santander.
Asimismo, ha sido magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila y, desde enero de 2000, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Además, desde noviembre de 2014 es magistrado sustituto de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y es autor de medio centenar de publicaciones entre libros y artículos monográficos.
Entre ellos, “Código Penal. Comentarios y jurisprudencia”, “Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comentarios y jurisprudencia” e “Inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores”.
