Cuando parecía que íbamos a una prórroga de las ordenanzas fiscales, el secretario municipal alerta de una posible vía de urgencia por la que sería posible actualizar los impuestos y tasas, de manera que aún daría tiempo a que entrasen en vigor el 1 de enero de 2018. Y el alcalde, Alfredo Vega, que sigue ostentando las competencias de Hacienda, no quiere dejar de "intentar explorar esta posibilidad".
Sabe que lo tiene complicado porque, de entrada, la postura de todos los grupos de la oposición (exceptuando el PDeCAT) es la misma que hace un mes; situación que entonces le llevó a retirar el documento del pleno celebrado el 3 de noviembre. Vega insiste en que va a "intentar" negociar el dictamen hasta el último minuto porque "es positivo para la ciudad". Si no consigue apoyos -que hasta ayer no tenía- retirará el expediente del pleno previsto para este mediodía.
El edil afirma que la no aprobación de las nuevas ordenanzas "tiene consecuencias". Su propuesta implica aumentar la recaudación en 870 mil euros, pero Vega remarca que esto, a su vez, afecta a la base de ingresos del presupuesto que redunda en el techo de gasto del Consistorio. Cuanto más amplia es la base de ingresos estructurales, mayor es la ampliación del gasto que puede presupuestarse en las cuentas para el próximo año. Una cuestión muy técnica, admite el edil, pero de importante repercusión sobre las partidas de las que podrá disponer el Ayuntamiento en 2018.
Aunque cuente con el dinero, explica, la obligación de cumplir con la regla del gasto derivada de las férreas medidas de austeridad impuestas por el Gobierno, obligaría al Consistorio a "retener" determinadas partidas. Vega asegura que saltarse la regla del gasto podría tener consecuencias, como, por ejemplo, restricciones a la creación de nuevas empresas en un año en que debe ver la luz la sociedad público de gestión del agua.
Los argumentos de Vega no convencen a TeC, ERC, C’s, CUP ni PP, a los que sigue sin gustar el proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno. Critican, además, que no se ha debatido con ellos y, por tanto, piensan votar en contra. El único de estos partidos que está dispuesto a volver a negociar es C’s, que el martes por la tarde trasladó a Vega sus condiciones para apoyar el documento: una congelación de la mayoría de tributos, con algunas excepciones, que se limitarían a subir el equivalente al IPC. Además, reitera Javier González, de C’s, la negociación debe ir ligada a algunas partidas concretas del presupuesto. Al cierre de esta edición, el partido naranja no había recibido aún respuesta del alcalde sobre sus condiciones.
TeC y ERC mantienen el ‘no’
TeC no cambiará su postura. Votarán en contra del proyecto de ordenanzas fiscales por el "incumplimiento reiterado" de los compromisos adquiridos por el gobierno local con los comunes en anteriores ocasiones en las que estos facilitaron la revisión y aprobación de los tributos. Xavier Matilla denuncia, además, el "chantaje" de Vega: "La responsabilidad del impacto negativo de no tener nuevas ordenanzas es del gobierno, que es el que debe garantizar que se aprueben".
En ERC tampoco se abren a la negociación. Su líder, Isaac Albert, critica que con sus argumentos el alcalde está derivando la cuestión de los tributos a un debate sobre los presupuestos; documento del que aún la oposición nada sabe. "El alcalde nos pide un aval a sus políticas completamente gratuito, sin debate, sin ver ni un solo número", se queja. Afirma que Vega "juega al victimismo" y duda de la repercusión de no contar con el incremento fiscal propuesto "en un presupuesto que ronda los 200 millones de euros".
El PDeCAT, ahora en la oposición, tiene previsto abstenerse en la votación (lo que resulta insuficiente para que el documento vea la luz). Una vez ha salido del gobierno condiciona su voto favorable a que Vega congele el impuesto de construcciones (quiere subirlo un 5%), "para no perjudicar el repunte de la actividad en el sector", explica Miquel Sàmper, y prorrogue también durante 2019 (ahora limitado a 2018) el incremento máximo del 5% en el IBI.
