La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus cuatro exconsejeros que se encuentran en Bruselas alegarán ante la Justicia belga que la orden de entrega emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es un “ajuste de cuentas político”, dice hoy “De Standaard”.
En su opinión, el juez deberá rechazar las “euroórdenes”, porque en ellas la Audiencia Nacional no imputó ningún acto “punible”, destaca este diario flamenco, que asegura haber tenido acceso a los argumentos legales de los abogados de los cinco acusados que serán invocados el viernes.
Ese día Puigdemont y sus exconsejeros deberán declarar ante la Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia.
“De Standaard” habló con el letrado Christophe Marchand, que junto a los abogados Michèle Hirsch -ambos representan a dos de los exconsejeros- y Paul Bekaert -que defiende a Puigdemont y a los otros dos- desarrolla la defensa legal conjunta de los cinco.
Según dijo, las órdenes de arresto y detención emitidas por las autoridades españolas, que son idénticas para los cinco, hacen referencia a cinco violaciones del código penal español: delito cometido por un cargo público, desobediencia, rebelión, amotinamiento y malversación de dinero público.
“Pero España de ninguna manera deja claro qué acciones han emprendido nuestros clientes que cayesen bajo estos delitos”, según señala este jurista al diario.
De ese modo, consideró que España “no contempla ningún hecho punible individual, sino sólo sus decisiones políticas, que conocía todo el mundo y por las que fueron elegidos democráticamente”.
“Por lo tanto, sólo son procesados por su opinión política. El juez belga debe rechazar su entrega”, concluyeron los abogados.
Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig apelarán a la legislación comunitaria que regula la orden de detención europea, que establece que la entrega puede ser rechazada si se ha emitido para enjuiciar o castigar a alguien sobre la base de su opinión política.
La ley belga también establece que es posible rechazar la “euroorden” si su ejecución socava los derechos fundamentales de las personas implicadas, indica “De Standaard”.
